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El representante del Ministerio Público solicitó al TOF 2 que informe sobre el avance del decomiso y cuestionó la participación de un tasador designado por la expresidenta.
Sábado 21 de Noviembre de 2026
16:41 | Sábado 21 de Noviembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La ejecución del decomiso en la causa Vialidad volvió a generar un reclamo de la Fiscalía. Diego Luciani, el fiscal que intervino en el juicio que terminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, presentó un pedido ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para conocer el estado de las tasaciones de los bienes alcanzados por la sentencia y solicitó que uno de los peritos propuestos por la defensa de la expresidenta quede apartado de esas tareas.
El planteo, que también lleva la firma del fiscal Sergio Mola, busca que el proceso avance con información precisa sobre el trabajo de los especialistas y sin posibles conflictos de intereses. El profesional cuestionado es Sergio Felipe Pejkovic, cuya designación propuso la defensa de Cristina Kirchner. Los fiscales pidieron que no participe de las inspecciones presenciales ni de las valuaciones hasta que se aclaren sus posibles vínculos con Lázaro Báez.
El pedido de Luciani y Mola también pone el foco en los tiempos del procedimiento. El TOF 2 encargó al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema la valuación de los bienes el 18 de noviembre de 2025. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó esa orden el 24 de abril de 2026 y el tribunal fijó las pautas para el trabajo el 18 de mayo.
Los profesionales recibieron la notificación el 1 de junio, pero la Fiscalía sostiene que todavía no cuenta con información suficiente sobre el avance de las tareas. Por eso, reclamó que el organismo detalle qué diligencias realizó, si ya hubo inspecciones y en qué etapa se encuentra cada valuación.
Los fiscales también solicitaron que Pejkovic declare bajo juramento si mantuvo relaciones comerciales o personales con Báez o con personas de su entorno. La consulta comprende tanto posibles vínculos anteriores como contactos actuales. Hasta que se esclarezca esa situación, pidieron que el tasador no intervenga en las tareas sobre los inmuebles. El trabajo pericial incluye las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, además de departamentos en Río Gallegos y otras propiedades en El Calafate.
La objeción sobre Pejkovic se apoya en antecedentes incorporados a una investigación judicial en Santa Cruz. Entre los elementos citados por la Fiscalía figura una operación inmobiliaria de 2007 en la que el profesional habría intervenido en la venta de un inmueble a Austral Construcciones, la empresa de Báez.
Los fiscales habrían mencionado una comunicación telefónica del 29 de septiembre de 2026 entre Pejkovic y Cristian Ibáñez, una persona vinculada al empresario. En esa conversación, el tasador habría brindado información sobre departamentos de Báez en Río Gallegos y sobre quién estaba a cargo de su administración.
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