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El respaldo político y empresarial convive con dudas sobre el costo de la transición económica y el proyecto de soberanía. Qué esperan los sectores que apuestan por la continuidad del rumbo argentino.
Domingo 18 de Octubre de 2026
07:18 | Domingo 18 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Javier Milei llegó el miércoles a Washington para encontrarse con una Argentina que entusiasma. La de los proyectos petroleros y gas en Vaca Muerta, los minerales críticos y las inversiones que prometen cambiar la escala de las exportaciones. El jueves recibió aplausos y una distinción por su defensa de la libre empresa en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, frente al parque Lafayette, a metros de la Casa Blanca. Ese mismo día, por la tarde, frente al Congreso argentino hubo piedras, gases y enfrentamientos durante la movilización por el financiamiento universitario.
Las dos escenas condensaron la distancia entre las expectativas que despierta el país afuera y los conflictos que atraviesan su transformación adentro. Son las dos Argentinas que el Gobierno necesita acercar antes de 2027. En Washington las observan con atención: quienes celebran las oportunidades de inversión también se preguntan si el costo de la transición puede poner en riesgo la continuidad del programa.
El Presidente llevó una respuesta confiada. Calificó los resultados sociales de su gestión como un milagro, defendió la apertura aun cuando genere efectos distintos entre sectores y se mostró convencido de que los argentinos volverán a elegir su modelo. Su certeza electoral, sin embargo, no clausura el debate en los despachos políticos y financieros estadounidenses.
En los ámbitos políticos, diplomáticos y financieros de Washington, el respaldo al rumbo argentino convive con advertencias. El interés estratégico por la Argentina excede la afinidad entre Milei y Donald Trump. Pero esa alianza tiene límites, y el entusiasmo económico también depende de decisiones que se toman en Buenos Aires.
En Washington, el entusiasmo por las oportunidades de inversión en la Argentina convive con una preocupación concreta: que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la denominada ley por las Malvinas termine levantando nuevas barreras para las empresas y complique los negocios que el propio Gobierno busca atraer.
El temor es que la iniciativa levante nuevas barreras en un mercado que el Gobierno busca abrir. La preocupación no se limita a una discusión diplomática: apunta al alcance económico de las sanciones vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas y a cómo podrían afectar las decisiones empresariales.
La preocupación tiene una explicación concreta: la industria petrolera depende de una red internacional de proveedores especializados que no siempre permite separar los negocios de Malvinas de los proyectos argentinos. Las restricciones sobre esas compañías podrían encarecer servicios, demorar inversiones o dificultar campañas de exploración. El efecto podría alcanzar incluso a las operaciones de las propias empresas argentinas.
El cruce ya tiene ejemplos públicos. La firma Bluewater fabricó las monoboyas del oleoducto Vaca Muerta Sur, impulsado por un consorcio encabezado por YPF, y tiene vínculos con Sea Lion. Fugro, también investigada por sus actividades relacionadas con las islas, anunció un contrato para el proyecto Argentina LNG de YPF y sus socios.
El Gobierno exhibe como un resultado favorable que grandes proveedoras hayan descartado trabajar en Malvinas para priorizar el mercado argentino. Pero la superposición de contratos muestra el riesgo de que el endurecimiento de las sanciones termine complicando también los proyectos energéticos que busca impulsar dentro del país.
La situación es seguida con atención en distintas oficinas públicas de Washington, donde se considera que la previsibilidad de las reglas y el acceso a los mercados son condiciones centrales para sostener el interés empresarial.
Milei anunció la iniciativa el 3 de septiembre, en una cadena nacional que combinó el rechazo al avance del proyecto petrolero Sea Lion con la expectativa abierta por declaraciones de Trump sobre una posible revisión de la posición estadounidense. La elaboración del texto tuvo a Legal y Técnica en el centro de la redacción y a Santiago Caputo entre sus impulsores políticos. El proyecto incorporó, además, modificaciones en seguridad y defensa que exceden las sanciones por recursos naturales.
La iniciativa todavía debe atravesar el Congreso. El miércoles 14, el oficialismo no consiguió cerrar un acuerdo para firmar dictamen y continuó negociando cambios con los bloques aliados.
La paradoja es que la inquietud aparece en sectores que acompañan la apertura argentina y esperan avances en el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, conocido como ARTI. Durante la visita presidencial, Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, firmaron un protocolo adicional para habilitar el envío del entendimiento al Congreso.
El interés comercial convive con la búsqueda de garantías frente al calendario político. En ese punto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es valorado como una herramienta para sostener los proyectos aun durante la incertidumbre electoral.
La apuesta de Estados Unidos por profundizar la relación con la Argentina es decidida. La afinidad entre Milei y Donald Trump acelera ese acercamiento, pero el interés también responde al valor estratégico de los recursos argentinos. Ese respaldo, sin embargo, no implica un cambio de posición frente a Malvinas: en Washington no se prevé abandonar la neutralidad en la disputa por la soberanía de las islas.
El contraste pone un límite a la traducción doméstica de la cercanía con Trump. La alianza abre oportunidades, pero no supone que Washington vaya a acompañar a Buenos Aires en cada uno de sus reclamos.
¿Por qué, entonces, Trump abrió la puerta a revisar esa posición? La interpretación que circula en Washington remite a una herramienta habitual del presidente estadounidense: la ambigüedad estratégica. Sus declaraciones sobre Malvinas son leídas como una forma de presionar al Reino Unido y desequilibrar a sus interlocutores, sin comprometerse con una decisión concreta. Para la Argentina, el riesgo consiste en convertir esa ambigüedad en una promesa.
El interés de Estados Unidos, de todos modos, tiene fundamentos que van más allá de la relación personal entre los mandatarios. La energía, los minerales y la competencia con China ocupan un lugar central en esa agenda. La Argentina ofrece recursos y una posición regional que Washington considera valiosos.
En YPF proyectan que el desarrollo energético permita sumar más de US$30.000 millones anuales de exportaciones para la Argentina a partir de 2030. La compañía también estima una balanza comercial energética positiva de US$45.000 millones para 2031 y los años siguientes. Son proyecciones para el conjunto del país, que ayudan a dimensionar el valor estratégico de sus recursos.
En Pan American Energy (PAE) destacan que Southern Energy, el consorcio en el que participan, ya acordó exportar a Alemania dos millones de toneladas anuales de gas natural licuado durante ocho años, a partir de 2027. Según las estimaciones de la empresa, ese acuerdo representa más de US$7000 millones en exportaciones. La oportunidad energética argentina empieza así a traducirse en compromisos comerciales de largo plazo.
La relación también responde a necesidades estadounidenses. Milei facilita y acelera el acercamiento, mientras los recursos argentinos ofrecen razones para sostenerlo más allá de la afinidad personal entre los presidentes.
Entre los análisis que circulan en la banca internacional hay tres hipótesis electorales: la reelección de Milei, un gobierno peronista moderado que preserve aspectos centrales del rumbo y una oposición dispuesta a revertirlo. En esa evaluación, la continuidad del Presidente sigue siendo el escenario más probable.
La segunda alternativa introduce un matiz relevante. Un cambio de signo político no necesariamente implicaría desarmar el programa. Podría aparecer un peronismo que conserve su orientación general y preste más atención al mercado interno.
El tercer escenario, que aparece con menor probabilidad en ese esquema, sería un regreso a políticas que subordinen la estabilidad de largo plazo a objetivos inmediatos. La evaluación distingue esos programas de las personas: también reconoce que en los espacios opositores hay equipos que comprenden las restricciones económicas, aunque su capacidad de influir en una eventual gestión sea otra incógnita.
En ese mapa también pesan los vínculos que Sergio Massa conserva en Washington, un activo dentro de un peronismo dividido. En la misma evaluación pesan su imagen negativa y las dificultades para reunir consensos internos. Esos contactos no equivalen a una candidatura definida ni a una preferencia estadounidense por su regreso.
Para estimar las probabilidades, el análisis también mira a los gobernadores. Muchos de los proyectos vinculados con la energía y los recursos naturales se concentran en provincias del interior. Sus mandatarios tienen incentivos para que esas inversiones avancen, aun cuando no compartan la identidad partidaria del Presidente.
Esos intereses pesan también en la composición del Congreso y en los apoyos que necesitaría cualquier intento de cambiar el rumbo. A eso se agregan las divisiones opositoras y las dificultades para construir una propuesta y un liderazgo comunes. La tesis es que existen obstáculos políticos para una reversión, incluso más allá del resultado presidencial. No que ese riesgo haya desaparecido.
La discusión sobre 2027 conduce a una pregunta económica inmediata: qué hacer con los sectores que soportan el costo del cambio de modelo mientras las nuevas inversiones todavía no producen un beneficio extendido.
Entre quienes siguen la economía argentina desde Washington también se discute la necesidad de introducir medidas para gestionar la transición. La preocupación alcanza a sectores que acompañan la orientación general del programa y quieren que perdure: estabilizar la economía es una condición necesaria, pero insuficiente, para transformar las oportunidades en crecimiento. En ese debate aparecen propuestas como reducir la carga de Ingresos Brutos mediante una negociación con las provincias y revisar el rechazo general a las regulaciones.
Una de las discusiones financieras reconoce el esfuerzo de estabilización y, al mismo tiempo, plantea que parte del costo del ajuste podría haberse amortiguado, especialmente en áreas como universidades y discapacidad.
La Argentina de la energía, la minería y el agro concentra expectativas de crecimiento. La de las actividades que enfrentan mayores dificultades no puede esperar indefinidamente a que esos proyectos se conviertan en empleo, ingresos y demanda. En el análisis financiero aparece una objeción concreta: el traslado de trabajadores desde los sectores que pierden actividad hacia las provincias mineras y energéticas difícilmente ocurra con la velocidad que necesita la política. El desafío político consiste en que los tiempos de una y otra no vuelvan incompatible la continuidad de las reformas con la necesidad de ganar una elección.
Milei defendió en Washington la lógica de la reasignación de recursos y sostuvo que la Argentina no tiene un problema de empleo. En los ámbitos económicos y financieros de la capital estadounidense, el debate se desplaza hacia la forma de administrar sus consecuencias. Cuánto acompañamiento hace falta, con qué instrumentos y cómo evitar que el malestar termine frustrando las inversiones que hoy despiertan entusiasmo. La expansión del crédito y de un mercado de capitales estable aparece como una vía para que los ingresos exportadores lleguen también a la construcción, los servicios y el consumo. Pero ese proceso requiere tiempo.
También aparece una duda sobre el propio Presidente: si la convicción que le permitió ejecutar el ajuste puede convivir ahora con la flexibilidad que requiere esta etapa.
Las imágenes del jueves dejaron esa distancia expuesta: los aplausos de una audiencia empresaria y, horas después, las piedras y los gases frente al Congreso. Desde Washington se apuesta por la Argentina que promete crecer. También se sigue a la que necesita llegar hasta ese crecimiento.
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