España: Tras 38 días de protesta, la Policía desalojó el campamento de la Puerta del Sol en Madrid y detuvo a dos personas

09:17 | Martes 03 de Noviembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid desalojaron durante la madrugada de este martes el campamento en reclamo por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol. El procedimiento se desarrolló sin incidentes de gravedad, aunque dos personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad.

La Delegación del Gobierno en Madrid justificó la intervención al señalar que los organizadores habían comunicado que daban por terminada la protesta y que existían “hechos presuntamente delictivos e incidentes”.

En un comunicado, el organismo sostuvo que el desalojo se realizó de manera gradual y sin violencia. Además, explicó que el objetivo fue “garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol”.

Alrededor de 300 personas dormían en el campamento cuando se llevó adelante el operativo. Parte de los organizadores ya había anunciado el desmantelamiento progresivo de la instalación para preparar la huelga general del próximo 11 de noviembre, convocada por los principales sindicatos en reclamo de viviendas y salarios que permitan afrontar su costo

En el operativo participaron 400 agentes. Una vez que las personas que todavía permanecían en las tiendas de campaña abandonaron el lugar, los equipos de limpieza del Ayuntamiento de Madrid comenzaron a retirar los elementos que habían quedado en la plaza.

Minutos antes de las 9, los restos se concentraban en una pequeña franja frente a la Real Casa de Correos. En la zona trabajaban varios operarios con dos excavadoras y tres camiones utilizados para cargar los materiales.

Una protesta que comenzó tras el caso de una mujer de 87 años

La acampada había comenzado el 26 de septiembre para reclamar medidas frente al aumento de los precios de los alquileres. La protesta surgió después del desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en la misma vivienda.

Con el correr de los días, la convocatoria incorporó otros reclamos y reunió a distintos grupos, entre ellos colectivos que se identificaban como antifascistas, anticomunistas, propalestinos y defensores de los derechos de las personas LGTBI. También se instalaron en el lugar personas sin hogar.

La permanencia del campamento generó tensiones políticas entre las autoridades de Madrid. Tanto el gobierno regional como el municipal reclamaban que se desmantelara, mientras que el entonces delegado del Gobierno central, Francisco Martín, se oponía a la medida mientras no estuvieran comprometidas la seguridad y el orden público.

La Puerta del Sol es uno de los puntos de mayor actividad comercial de la capital española y recibe un flujo constante de turistas nacionales y extranjeros.

Ayuso y Feijóo celebraron el desalojo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizó al presidente del Gobierno español por la permanencia de la acampada durante 38 días. “Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad”, escribió en sus redes.

En la misma plataforma, Carlos Díaz-Pache, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, sostuvo que el desalojo era posible y cuestionó que no se hubiera realizado antes. Afirmó que existían problemas de seguridad, insalubridad y daños al patrimonio, y consideró que las autoridades deberían explicar sus decisiones ante la Justicia.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó el operativo como “una buena noticia para la salubridad pública” y celebró que “vuelva a funcionar el Estado de derecho”.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, también destacó que la medida beneficiaba a los comerciantes, al sector de la hostelería y a la imagen de Madrid.

Feijóo consideró que las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid habían surtido efecto y que las demandas y denuncias presentadas ante la Justicia habían generado preocupación entre los destinatarios.