La Justicia de Córdoba elevó a juicio a la detenida que cambió de género y abuso de otras presas

09:59 | Miércoles 24 de Septiembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Justicia de Córdoba elevó a juicio la causa contra Gabriela Nahir Fernández, una mujer de 34 años que, en 2018, solicitó su traslado al pabellón de mujeres del penal de Bouwer luego de cambiar su identidad de género. Fernández se encuentra acusada de abusar sexualmente de siete internas entre 2019 y 2024, según la imputación realizada por el fiscal Juan Ávila Echenique.

Fernández enfrentará cargos por abuso sexual simple reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete mujeres detenidas. Además, se le imputó el agravante de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual. En uno de los casos, se considera que la acusada fue coautora de abuso sexual con acceso carnal mediante objetos, junto con otras dos reclusas, I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años), quienes también serán juzgadas como coautoras del delito, con el agravante de tentativa de uso de arma.

El caso ha tenido una repercusión nacional debido a la gravedad de los delitos y el contexto en que ocurrieron. Tras las denuncias, las autoridades penitenciarias decidieron aislar a Fernández en el penal de Bouwer para evitar nuevas agresiones. Este caso también generó críticas por el traslado de personas a pabellones del género con el que se identifican tras cambiar su identidad, incluso cuando han cometido delitos de gravedad.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, cuestionó el traslado de internos que modifican su género tras ser condenados, mencionando que el caso de Fernández es un ejemplo de que, a veces, se repiten los delitos dentro del sistema penitenciario. "Se le dio ese cambio de sexo a una persona que había generado un abuso sexual afuera de la cárcel y volvió a cometer adentro el mismo delito", declaró la funcionaria.

Este episodio ha provocado un análisis más profundo sobre las políticas carcelarias en Córdoba. En consecuencia, se está evaluando la posibilidad de adherir a una resolución nacional que limite el ingreso a cárceles según la autopercepción de género de los reclusos después de la condena. La medida busca que las personas cumplan sus penas en el penal correspondiente al género con el que fueron identificados al momento de cometer el delito, evitando posibles situaciones de abuso.