Caso YPF: Burford busca que la Justicia de EE.UU. declare a la Argentina en desacato

El prolongado litigio por la expropiación de YPF volvió a escalar en los tribunales de Nueva York. Burford Capital, el fondo que financia las demandas iniciadas por Petersen y Eton, anticipó que solicitará que Argentina sea declarada en desacato por incumplir órdenes judiciales vinculadas a la entrega de documentación clave.

El planteo apunta a la falta de producción de comunicaciones (mensajes y correos electrónicos) de funcionarios y exautoridades, requeridas para avanzar en la llamada causa del alter ego. Aunque la Argentina tiene plazo formal hasta el 10 de enero para completar la entrega, el fondo sostiene que el Estado desoyó reiteradamente las órdenes del tribunal y busca acelerar una definición judicial que habilite sanciones adicionales, incluidos eventuales embargos de activos.

La jueza Loretta Preska ya dejó constancia de ese incumplimiento. En una audiencia celebrada el 9 de diciembre, señaló que el material debía haberse recolectado semanas atrás, concedió una prórroga excepcional y advirtió que la persistente negativa del país podría derivar en un pedido formal de desacato, con consecuencias económicas y procesales. En ese marco, autorizó a los demandantes a presentar su moción entre mediados de enero y comienzos de marzo.

El fondo de la disputa por YPF

El trasfondo del conflicto excede el intercambio de documentación. Burford intenta demostrar que empresas públicas estratégicas, entre ellas YPF, Energía Argentina, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central, operan como extensiones directas del Estado argentino. De prosperar ese argumento, se ampliaría el universo de activos potencialmente alcanzables por medidas cautelares o embargos, un escenario que inquieta a los equipos legales y económicos del Gobierno.

Según consta en el expediente, una parte de los funcionarios y exfuncionarios involucrados ya entregó sus comunicaciones. Sin embargo, figuras políticas de alto perfil rechazaron hacerlo o no respondieron a los requerimientos, una resistencia que refuerza la posición de los demandantes y endurece la lectura del tribunal sobre la conducta procesal del país.

En paralelo, la Argentina espera una definición en la apelación de fondo por la expropiación de 2012, un fallo que podría conocerse en cualquier momento. En el oficialismo interpretan que esa inminencia explica la estrategia de Burford: presionar en el frente procesal para ganar tiempo, leverage y capacidad de daño financiero.