Escándalo en Chaco: acusan a la policía de Zdero de robar 9 kilos de cocaína

11:08 | Domingo 04 de Enero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

 La policía del gobernador Leandro Zdero enfrenta una crisis institucional inédita luego de que un grupo de efectivos intentara robar 9 kilos de cocaína durante la primera quema de drogas oficial de la fuerza local. El escándalo se desató cuando las cámaras de televisión captaron el momento en que los agentes pretendían hacer pasar ladrillos de yeso por los estupefacientes que debían ser incinerados.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la jueza federal Zunilda Niremperger procesó con prisión preventiva por 100 días a siete policías implicados. Los acusados enfrentan cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por su condición de funcionarios públicos.

La lista de los imputados

Entre los procesados se encuentran altos mandos y suboficiales de la fuerza provincial:

• Comisario: Rubén Héctor César Alegre.
• Subcomisario: Franco Andrés Ramírez.
• Oficiales y suboficiales: Lucas Exequiel Martínez, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Andrés Quizama y Néstor Ariel Urne Cantero.

Contexto político y antecedentes

El hecho ocurrió poco después de que el ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, elogiara a Patricia Bullrich por su combate al narcotráfico durante un encuentro reciente.

Fuentes locales señalaron que el episodio supera los antecedentes habituales de corrupción. Un ex diputado peronista comentó a este medio que, si bien existen historias de procedimientos irregulares, "esto ya fue demasiado, se bandearon totalmente". Asimismo, se recordó un antecedente en Castelli donde un fiscal antinarco fue detenido con 200 kilos de marihuana.__IP__

¿Qué pena pueden recibir los policías acusados de robar droga en Chaco?

Los efectivos procesados enfrentan cargos graves por infracción a la Ley de Estupefacientes (23.737). El delito de tenencia con fines de comercialización prevé penas de 4 a 15 años de prisión, pero la condena puede elevarse significativamente debido al agravante de ser funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de estos delitos, lo que podría aumentar la escala penal en un tercio del máximo y la mitad del mínimo.