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Diego Domingo Ponce, que asesinó a Laura Natalia Chirino en 2002, fue detenido de nuevo acusado de apuñalar a una nena de 10 años en San Luis. Las familias de ambas víctimas en un mismo reclamo: el juicio político contra la jueza que lo liberó.
Lunes 26 de Enero de 2026
09:04 | Lunes 26 de Enero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Durante más de dos décadas, el nombre de Diego Domingo Ponce estuvo asociado a uno de los crímenes más brutales de San Luis. En julio de 2002, asesinó a puñaladas a Laura Natalia Chirino, una adolescente de 17 años que vivía frente a su casa y que rechazó tener una relación.
Por ese hecho, que hoy podría encuadrarse como un femicidio, fue condenado a prisión perpetua y debía permanecer detenido hasta, al menos, octubre de 2030. Sin embargo, una jueza le otorgó la libertad condicional a fines del año pasado.
Tres meses después, volvió a atacar. Esta vez, la víctima fue una nena de 10 años, a la que apuñaló en el cuello durante un robo en Santa Rosa del Conlara.
El caso volvió a sacudir a la provincia y las familias de ambas víctimas, junto al Gobierno de San Luis, ahora reclaman el juicio político y la destitución de la magistrada que lo dejó en libertad.
Chirino tenía 17 años cuando fue asesinada en la madrugada del 11 de julio de 2002 en Villa Mercedes. Ponce era su vecino. En el juicio probaron que él la hostigaba desde hace tiempo y pretendía iniciar una relación que la adolescente rechazó.
“Trataba de seducir a mi hija, a quien no le correspondía”, aseguró su padre ante el tribunal, y reveló la frase que le había dicho el asesino días antes de matarla: “Si no sos mía, no vas a ser de nadie”.
Esa noche, Ponce logró convencerla para que fuera a su casa. Ella dejó la puerta entreabierta y pensaba volver enseguida porque vivía a escasos metros. Nunca regresó. Fue asesinada a puñaladas en un ataque que los jueces calificaron con alevosía y ensañamiento.

En 2004, Ponce fue condenado a prisión perpetua. La pena implicaba permanecer detenido al menos hasta 2030. Durante años estuvo alojado en distintas unidades penitenciarias, entre ellas el complejo de Pampa de las Salinas. Para la familia Chirino, el caso estaba cerrado desde el punto de vista judicial.
Eso cambió en octubre del año pasado. El 16 de ese mes, hubo una audiencia en la que la jueza de Ejecución Penal N°1 de Villa Mercedes, Nora Graciela Villegas, le concedió la libertad condicional. Antes ya le había otorgado salidas transitorias. El Ministerio Público Fiscal se opuso, según consta en la resolución.
A través de una videoconferencia, Ponce aseguró que “no hay un solo día” en el que no lamente lo que hizo, pidió disculpas “por todas las molestias” y prometió reinsertarse. Contó que tenía posibilidades de trabajar en un campo cercano a Santa Rosa del Conlara, gestionado por un tío, o en un salón de eventos con su hermano. Como ningún familiar podía alojarlo, propuso que el abogado Adolfo Cafieri asumiera su tutela. El letrado aceptó “adoptarlo y asistirlo” con casa y comida hasta que lograra estabilizarse. La jueza avaló el planteo.
Las condiciones eran fijar domicilio en Villa Mercedes, no cambiarlo sin autorización, informar cualquier traslado, no cometer delitos, no vincularse con personas del ámbito delictivo y realizar tratamiento psicológico o psiquiátrico con acreditación mensual. Nada de eso se cumplió de manera efectiva.
“Cuando sale a la luz lo de Emma, ahí nos enteramos de que estaba libre”, aseguró Alberto Chirino, tío de Laura, en diálogo con Clarín. No hubo notificación judicial ni aviso oficial. “Mi hermana me mandó un link, entré y ahí me enteré. Si el tipo no hacía nada, jamás lo sabíamos, porque no queremos saber más nada de él. Alguien hizo un mal informe, alguien firmó para que saliera”, subrayó.
El martes pasado, al mediodía, Ponce tocó la puerta de una casa del paraje Los Peros, a unos tres kilómetros de Santa Rosa del Conlara. Del otro lado estaba Emma, una nena de 10 años. Hacía telas acrobáticas, era conocida en el pueblo y estaba sola en su casa. Ponce le dijo que buscaba trabajo y le pidió un vaso de agua. Era una excusa para ganar su confianza y confirmar que no había adultos.
Cuando la nena se dio vuelta, la atacó. La agarró del cuello, la arrastró hacia el interior de la casa y la apuñaló con un arma blanca mientras le exigía dinero. Le robó 900 mil pesos y 100 dólares. Creyó que estaba muerta y escapó.
Emma fue sometida a una cirugía de urgencia por dos cortes profundos en la garganta y una herida en el pecho. Permaneció intubada y sedada. Salió de terapia intensiva este domingo.
“Ahora está en la unidad pediátrica. Es una gran noticia para la familia y el pueblo”, destacó su tía Mariana en diálogo con TN. “Ella es amor y magia. Tiene mucha audacia e inteligencia para hacer lo que hizo. Va a salir adelante porque está rodeada de amor”, agregó.
Luego del ataque, la Justicia revocó la libertad condicional y dictó prisión preventiva por 120 días. Ponce fue imputado por robo calificado por el uso de arma y homicidio criminis causa en grado de tentativa. En la casa donde vivía encontraron una mochila con el arma que usó para atacar a la chica, y la ropa que tenía puesta ese día, que fue visible en las cámaras de seguridad que captaron la huida.
En paralelo, comenzaron a conocerse más irregularidades. Cuando lo imputaron por el último hecho, descubrieron que Ponce no había informado a la Justicia que se había mudado a Santa Rosa del Conlara, lo que incumplía una de las condiciones básicas de su libertad.
Tampoco siguió el tratamiento psicológico obligatorio. Vivía en una pieza precaria de chapa, se movía en bicicleta por el pueblo y subsistía vendiendo churros y pastelitos en el balneario municipal. Dos meses antes del ataque, personal del Instituto de Reinserción Social no lo encontró en el domicilio que había declarado.
El caso provocó una reacción del gobernador Claudio Poggi, que anunció que utilizará “todas las herramientas constitucionales” para evitar que hechos así se repitan y apuntó contra los magistrados garantistas.
El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera Postiguillo, por su parte, exigió que se avance con el juicio político contra la jueza Villegas. En el mismo sentido, varios diputados de San Luis presentaron un pedido formal en la Legislatura.
Los vecinos de Santa Rosa del Conlara se movilizaron en las calles de Santa Rosa para reclamar seguridad y justicia.
Las dos historias, separadas por más de 20 años, ahora quedaron unidas. “Hoy la herida se vuelve a abrir. No solo por Laura, sino por Emma”, reclamó Alberto Chirino. “Voy a hacer todo lo posible para que se pudra en la cárcel y para que la jueza o quien corresponda dé una explicación coherente de lo que pasó”, cerró.
Del lado de la familia de Emma, el reclamo va en el mismo sentido. “Vamos a acompañar el pedido de destitución de la jueza cuando todo esto pase”, adelantó Nicolás, uno de sus tíos. El contacto con los familiares de Laura todavía no se dio, pero aseguran que llegará. “Primero queremos que Emmita salga adelante”, agregó.
El reclamo que une a dos familias


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