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La medida anunciada por el el Ejecutivo genera un fuerte impacto en oficinas de Extranjería y fronteras.
Lunes 02 de Febrero de 2026
15:12 | Lunes 02 de Febrero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El anuncio del Consejo de Ministros del pasado 27 de enero de 2026 sobre una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular ha generado un fuerte impacto administrativo y político en España. La medida, que se aprobará mediante real decreto, podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas, aunque especialistas advierten que el número real de solicitudes podría superar ampliamente esa cifra.
Desde el anuncio, se ha registrado un aumento notable de la afluencia en oficinas de Extranjería y comisarías, especialmente en provincias como Almería y Barcelona, donde se observan largas colas de personas que buscan información y documentación previa.
En Ceuta, en tanto, sindicatos policiales alertaron sobre un repunte de la presión migratoria en frontera y la falta de medios para gestionar el incremento de solicitudes. Todo esto hace que la policía local quede colapsada para controlar y regular todo este aluvión de personas.
Por ejemplo, en Barcelona ya se han producido aglomeraciones en el consulado de Pakistán para iniciar los mismos trámites de regularización.
Requisitos para acceder a la regularización en España
Según el Gobierno español, podrán acogerse a este proceso quienes cumplan tres condiciones básicas:
El plazo para presentar solicitudes aún no está cerrado, pero el Ejecutivo prevé abrirlo entre abril y junio de 2026.
Una de las principales novedades del proceso es que la autorización provisional de residencia y trabajo se activará desde la admisión a trámite, sin necesidad de esperar la resolución definitiva. Esto permitirá a los solicitantes trabajar legalmente, cotizar a la Seguridad Social y pagar impuestos desde el inicio del expediente.
Duración del permiso y renovación
El permiso inicial tendrá una vigencia de un año, mientras que en el caso de los menores será de cinco años, lo que aporta mayor estabilidad. No se trata de una residencia permanente, sino de un primer paso que podrá derivar en autorizaciones de mayor duración si se cumplen los requisitos de renovación.
Hay que tener en cuenta que la regularización no concede derecho a voto en elecciones generales ni autonómicas, ya que ese derecho está reservado a ciudadanos españoles. Tampoco habilita automáticamente la reagrupación familiar, que solo puede solicitarse tras un año de residencia legal y con los familiares fuera de España.
Cabe recordar que España ya recurrió en seis ocasiones a regularizaciones extraordinarias desde la transición democrática, incorporando a más de un millón de personas al sistema legal. La más amplia fue la de 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras casi 20 años sin medidas de este tipo, el Ejecutivo vuelve a utilizar este mecanismo en un contexto marcado por la falta de mano de obra y la presión migratoria.
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