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Cuba retira asesores de Venezuela en medio de la presión de Estados Unidos

La salida de personal de Cuba se produce mientras Venezuela aplica la amnistía a presos políticos. EE.UU. buscaría debilitar la alianza entre ambos gobiernos.

Sábado 21 de Febrero de 2026

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21:02 | Sábado 21 de Febrero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La presencia de personal de Cuba en Venezuela comenzó a reducirse en las últimas semanas, en un contexto de fuerte presión de Estados Unidos para desarticular la histórica alianza política y de seguridad entre Caracas y La Habana. De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, asesores de inteligencia y personal médico de Cuba habrían abandonado el país sudamericano, mientras otros fueron desplazados de áreas sensibles.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría reemplazado a custodios cubanos por efectivos venezolanos en su esquema de protección personal, a diferencia de lo ocurrido durante las gestiones de Nicolás Maduro y del fallecido Hugo Chávez, quienes confiaron durante años en fuerzas de seguridad provenientes de la isla.

 

Según una información difundida por Reuters, parte de los cambios se habrían producido dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo clave en la estructura de control interno del chavismo. Según exfuncionarios y fuentes cercanas al oficialismo, algunos asesores cubanos fueron apartados de sus cargos y otros regresaron a La Habana en vuelos recientes. No está claro si la decisión responde a órdenes directas del nuevo liderazgo venezolano, a disposiciones del gobierno cubano o a un acuerdo tácito frente a la presión externa.

 

Cuba apunta a EE.UU.

El trasfondo de estos movimientos se remonta al operativo militar estadounidense del 3 de enero que terminó con la captura de Maduro. El gobierno cubano informó que 32 de sus ciudadanos murieron durante esa acción. Días después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que pondría fin a la cooperación en materia de seguridad entre Caracas y La Habana, al considerar que la isla había brindado respaldo estratégico a los anteriores mandatarios venezolanos.

Desde la Casa Blanca señalaron que mantienen una “buena relación” con las actuales autoridades venezolanas y deslizaron que la ruptura del vínculo con Cuba forma parte de un objetivo más amplio de Washington para aislar al gobierno comunista cubano. En paralelo, Estados Unidos bloqueó el envío de petróleo venezolano hacia la isla, un suministro vital para la economía cubana desde la década de 2000.

 

Pese a la reducción de personal, distintas fuentes coinciden en que aún permanecen en Venezuela asesores militares y docentes cubanos vinculados a institutos de formación policial, así como médicos que continúan prestando servicios en programas sociales. Analistas sostienen que la influencia de La Habana fue determinante para consolidar el aparato de inteligencia que sostuvo al chavismo durante años, incluso si no logró evitar la caída de Maduro.

Ley de Amnistía

En este escenario de reconfiguración política, el gobierno interino en Venezuela también a avanza con la aplicación de una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General elaboraron un protocolo para implementar de forma “expedita” los beneficios previstos en la norma, aunque su contenido aún no fue difundido oficialmente.

La legislación abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2026, pero delimita 13 episodios específicos, lo que deja fuera a numerosos detenidos, incluidos algunos vinculados a operaciones militares. La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones iniciadas el 8 de enero, y advirtió que alrededor de 400 personas no quedarían alcanzadas por la amnistía.

Familiares de detenidos realizaron vigilias frente a centros de reclusión como El Helicoide y Rodeo I, a la espera de nuevas liberaciones. Organizaciones de derechos humanos reclaman que se revisen los casos excluidos y que se contemplen situaciones de adultos mayores, personas con discapacidad y detenidos sin presentación judicial durante largos períodos.

Mientras tanto, el gobierno de Rodríguez insiste en que la normativa constituye un paso hacia la “reconciliación nacional”, aunque enfrenta el delicado equilibrio de mantener la estabilidad interna, redefinir la relación con Cuba y gestionar la presión diplomática y económica de Washington.

 

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