La Oficina Anticorrupción sigue acéfala hace 12 días y no inició ninguna investigación contra Manuel Adorni

Ante la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, se produjeron múltiples cambios en la cartera. Todos los funcionarios que le respondían a Mariano Cuneo Libarona y a Sebastián Amerio fueron removidos y el exfiscal general de la Ciudad nombró a “personas de su confianza” para los distintos cargos en los organismos bajo su mondo.

Uno de ellos es la Oficina Anticorrupción, el organismo estatal autárquico que fue creado para prevenir, investigar y denunciar hechos de corrupción en el ámbito del Estado nacional.

El nuevo miembro del gabinete desplazó a Alejandro Melik y nombró a la jueza Gabriela Zangaro el 6 de marzo. Sin embargo, su elección no se materializó en el Boletín Oficial. El área lleva 12 días acéfala y no hay precisiones oficiales sobre cuándo será designada formalmente.

Pese a la falta de los principales puestos en el ente descentralizado, MDZ pudo hablar con fuentes oficiales relacionadas con el sector. A pesar de la visibilidad y las primeras denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la inclusión de su esposa en el viaje oficial rumbo a Estados Unidos y por el uso de un jet privado rumbo a Punta del Este con su familia, la Oficina Anticorrupción no intervendrá de oficio.

En otras palabras, los funcionarios que permanecen en la OA consideran que no hay elementos necesarios que ameriten que se tome una actuación sin ningún tipo de requerimiento externo. De igual modo, en el área aclararon que la Justicia ya solicitó la participación de este órgano de control, por lo que tendrá que estar a disposición de las peticiones de la investigación judicial.

Las denuncias contra Adorni

El primer foco está puesto en un viaje oficial a Estados Unidos, en el que se cuestiona la presencia de su esposa a bordo del avión presidencial. A partir de ese hecho, se presentaron denuncias por presuntos delitos como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y posible incumplimiento de la Ley de Ética Pública, al considerar que podría haberse utilizado un bien estatal con fines no estrictamente oficiales. Las primeras demandas fueron presentadas por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón.

La fiscalía solicitó al Gobierno que informe quiénes viajaron en el avión presidencial, con el listado completo de pasajeros y sus funciones. También pidió que se detalle bajo qué acto administrativo se autorizó el vuelo, si hubo aval formal para el acompañamiento de su esposa y cuál fue el costo operativo del traslado.

Además, se requirió documentación vinculada a la organización del viaje, incluyendo registros oficiales, órdenes de vuelo y justificaciones administrativas, con el objetivo de determinar si el uso del avión se ajustó a los fines oficiales o si hubo un desvío con fines personales.

En paralelo, se sumó otra denuncia vinculada a un viaje a Uruguay realizado en un avión privado junto a su familia. En este caso, la controversia no gira en torno al uso de recursos estatales, sino al origen de los fondos utilizados para costear el vuelo.

La propia Marcela Pagano amplió su presentación para que se investigue a Adorni por enriquecimiento ilícito, al sostener que el costo del vuelo no sería compatible con sus ingresos declarados.

Además, otros diputados —Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro— presentaron otra denuncia penal que incluye los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, vinculando tanto el viaje oficial como el traslado privado y cuestionando posibles beneficios indebidos.

Las medidas judiciales apuntan a la situación patrimonial. La Justicia busca acceder a información sobre los ingresos declarados de Adorni, su evolución patrimonial y cualquier dato que permita establecer cómo se financió el vuelo privado. En ese marco, no se descartan cruces con registros fiscales y bancarios.