Condenaron a 10 años de prisión a cuatro policías por la muerte de un joven en Corrientes

A casi tres años de la muerte de Lautaro Rosé (18), la Justicia de Corrientes dictó sentencia a los policías del Grupo de Intervención Rápida (GIR), fueron condenados a 10 años de prisión. Sin embargo, los efectivos permanecerán en libertad bajo medidas de conducta hasta que el fallo quede firme.

Se trata de los efectivos, Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero, que fueron hallados culpables por el delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte.

Cómo ocurrió la muerte en Corrientes

El hecho ocurrió la madrugada del 7 de noviembre de 2021. Lautaro y su amigo, Ismael Meza, fueron perseguidos por la fuerza tras unos incidentes en la Costanera.

Según quedó probado, los policías los acorralaron en una zona de barrancas y les dispararon con postas de goma, obligándolos a lanzarse al río. Lautaro, que no sabía nadar, gritó desesperadamente pidiendo ayuda mientras se hundía.

Los oficiales, lejos de asistirlo, continuaron apuntando con linternas y disparando al agua hasta que el joven desapareció. Su cuerpo fue hallado tres días después.

Los detalles del proceso judicial

El proceso estuvo marcado por una fuerte polémica debido a la actuación del fiscal Carlos Lértora, quien, a pesar de las pruebas físicas (como zapatillas de la víctima y cartuchos descartados en el lugar), sostuvo que no había elementos suficientes para condenar.

Lértora se rehusó a pedir penas para los policías e incluso solicitó investigar por falso testimonio a Ismael, el único testigo presencial y sobreviviente de los golpes policiales.

Bajo la tónica de este fiscal, Juan Daniel Aveiro y Vicente Manuel Pruyas Suárez, otros dos oficiales, fueron absueltos de los cargos de apremios ilegales (abuso de la autoridad) contra Ismael, ya que no hubo acusación fiscal que sostuviera las pruebas de las torturas.

El avance hacia la condena no fue lineal. El proceso se destrabó principalmente gracias a la acusación privada sostenida por la familia de Lautaro Rosé, bajo la representación del abogado Hermindo González.

A pesar de que los efectivos del GIR intentaron ocultar lo sucedido, la Justicia logró recolectar evidencia física irrefutable: El hallazgo de las zapatillas de Lautaro y, sobre todo, de los cartuchos de postas de goma que los policías dispararon y luego intentaron descartar, fue la llave para demostrar que no se trató de un accidente, sino de una persecución hostil que empujó a la víctima al río.

De esta manera, a raíz del impulso de la familia del fallecido, los efectivos terminaron pasando por las manos de la Justicia, en un juicio que se cerró con el fallo dictado por los jueces Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortiz y Oscar Ignacio Dubrez.

Así, se les impuso una condena de 10 años de prisión, la mitad de lo que había solicitado la querella (20 años), pero una cifra significativa dado el contexto de resistencia fiscal. No obstante, un detalle técnico clave es que los condenados no fueron detenidos inmediatamente. Debido a que la sentencia no está firme (puede ser apelada ante instancias superiores), el Tribunal les otorgó el beneficio de permanecer en libertad.