Crisis en discapacidad: advierten que hay 250 mil pacientes en riesgo por falta de pagos

Organizaciones del sector discapacidad declararon el estado de emergencia nacional ante una crisis que califican como la más grave desde 2002. La falta de pagos de programas clave como PAMI e Incluir Salud pone en riesgo la atención de unas 250.000 personas en todo el país y afecta a cerca de un millón de personas entre familias, trabajadores y proveedores.

Federaciones como CAIDIS, FEDEDIS, FATRADIS y FETAP, que advierten sobre una “situación terminal” en el sistema de prestaciones continuas. Según denuncian, la combinación de deudas acumuladas, interrupción de la cadena de pagos y retrasos arancelarios está empujando al sector al colapso.

Uno de los datos más críticos es la interrupción en los pagos. El programa Incluir Salud no registra transferencias desde mediados de diciembre de 2025 y mantiene deudas desde octubre. En paralelo, PAMI dejó de abonar prestaciones desde febrero por servicios brindados en noviembre del año pasado, una situación que no se registraba desde la crisis de 2002.

La "situación terminal" de la discapacidad

Esta parálisis financiera ya tiene consecuencias concretas: en muchos casos se suspendió la entrega de medicamentos, pañales e insumos esenciales desde noviembre, afectando directamente a personas con discapacidad que dependen de estos servicios para su vida cotidiana.

A esto se suma un fuerte desfasaje económico. Mientras la inflación acumulada desde diciembre de 2023 ronda el 280%, los aranceles del sector aumentaron apenas un 187%, lo que genera un atraso cercano al 33%. Este desequilibrio impacta de lleno en la sostenibilidad de instituciones como centros de día, hogares y escuelas terapéuticas.

El caso de los talleres protegidos refleja con crudeza la precarización. Los trabajadores del sector cobraron durante meses apenas $28.000, un monto congelado desde 2023. Si bien una resolución reciente elevó ese ingreso a $143.890, todavía no se efectivizó el pago y el monto sigue muy por debajo del salario mínimo.

El impacto también se siente en el empleo. Se estima que unas 150.000 personas trabajan directamente en el sistema de discapacidad, mientras que la crisis ya provocó la pérdida de al menos 1.500 puestos laborales en el sector transporte, con el cierre o reconversión de cientos de prestadores.

Endeudamiento fiscal

En paralelo, las instituciones atraviesan un fuerte endeudamiento fiscal. Una de cada cuatro organizaciones mantiene deudas con ARCA y casi la mitad debió recurrir a planes de pago en los últimos años para sostener su funcionamiento.

“El sistema está al borde del colapso”, advierten desde las entidades, que reclaman la regularización urgente de los pagos y una actualización de los aranceles acorde a la inflación. Sin estas medidas, aseguran, peligra la continuidad de servicios esenciales en todo el país.

La crisis no solo es económica. Detrás de los números hay miles de historias que dependen de un sistema que hoy muestra señales de agotamiento.