Cementerio de Avellaneda: el trabajo forense que permitió identificar a víctimas enterradas como NN durante la dictadura

16:11 | Domingo 05 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Patricia Bernardi, investigadora y miembro fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), camina entre los restos óseos del laboratorio que tiene a su cargo, dispuestos sobre camillas metálicas, en un edificio dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Estos restos serán restituidos a sus familiares. En una exposición frente a periodistas, a 50 años del golpe de Estado de 1976, el más sangriento de la historia argentina, la antropóloga forense cuenta cómo el equipo desde hace 40 años continúa abocado a la compleja tarea de identificación de las víctimas de desaparición forzada.

El EAAF es una organización científica, sin fines de lucro, independiente de cualquier partido, agrupación política o gobierno. Por medio de técnicas de la antropología social, la arqueología, la antropología forense, la informática y la genética, investiga casos de personas desaparecidas o muertas como consecuencia de procesos de violencia política y/o criminal en diversas partes del mundo.

El recorrido de estos antropólogos forenses es extenso, interdisciplinario e involucra tres etapas: la investigación preliminar (histórica) del caso; luego, la búsqueda y exhumación arqueológica de los restos óseos; y finalmente, el análisis antropológico y genético, con el objetivo de identificar los restos y aportar elementos de prueba a la justicia.

En el laboratorio se apilan cajas y más cajas con restos de personas que fueron enterradas como NN, encontradas en fosas comunes y aun se desconoce su identidad. Las campañas del equipo alientan a los familiares de desaparecidos a acercarse a dejar una muestra de sangre para identificarlos y restituir sus restos. Lo ideal es que lo hagan los parientes de primera generación como padres, hijos y hermanos, sin embargo primos, tíos y nietos también pueden aportar su muestra (0800-345-3236). Cuanto más pasa el tiempo, la última búsqueda —la de los familiares— se vuelve más difícil, pero no se pierde la esperanza.

Patricia Bernardi narra en primera persona, su trabajo en el sector 134 del Cementerio de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, donde se produjo el mayor hallazgo logrado a lo largo de 40 años de búsqueda. En ese momento, con el regreso de la democracia se habían abierto numerosas causas judiciales que indagaban en el uso de los cementerios municipales como lugares de destino final de las víctimas del terrorismo de Estado.

La cifra de las posibles víctimas de desaparición forzada, inhumadas como NN en este sector asciende a 245. Pero las exhumaciones realizadas desde 1987 revelaron un total de 336 cuerpos, dejando en evidencia la existencia de entierros clandestinos y omisión de registros oficiales. La tarea fue extensa, compleja, llena de toda clase de obstáculos, que pusieron a prueba su determinación. Nada los hizo retroceder.

Los jóvenes entrenados por el antropólogo forense norteamericano Clyde Snow estaban dispuestos a superar cada adversidad, para reconstruir la identidad y la historia de los jóvenes que fueron enterrados allí, en fosas comunes, llamadas “vaqueras”, muchos con lesiones perimortem (producidas alrededor de la muerte).

Desde 1984, el EAAF investigó más de cien lugares en los que testimonios de sobrevivientes, vecinos, trabajadores de ámbitos como morgues y cementerios e integrantes de la estructura represiva quienes señalaron como posibles sitios de inhumación. Otras hipótesis se construyeron con base en la investigación de fuentes documentales, por ejemplo a partir del análisis de causas judiciales iniciadas en el momento de los hechos frente al hallazgo de cadáveres en calles, terrenos descampados o costas.

Al cementerio de Avellaneda llegaron en octubre de 1986. “La Cámara Federal nos solicita que hiciéramos una exhumación en el cementerio porque había recibido una denuncia donde supuestamente Rafael Perrotta, que era el director de El Cronista Comercial, había sido enterrado ahí, en el cementerio de Avellaneda. En ese momento el equipo recién estaba en los inicios, o sea que no hacíamos la parte de investigación. Los jueces o de distintas provincias o la Cámara Federal solicitaban nuestros servicios y nosotros íbamos y hacíamos nada más que la parte de arqueología”, relata Bernardi.

El equipo fue con el juez, la policía y el lugar que se había señalizado era el sector 134. “Está entrando en la puerta principal del cementerio, hacia la izquierda, bastante al fondo. Era un predio de trescientos metros cuadrados que estaba cercado, por una pared de ladrillos de un metro setenta y cinco más o menos, separándolo del resto del cementerio”, describe. La particularidad del lugar, aislado, es que tenía acceso por una entrada propia desde la calle.

“Cuando entramos, todo era medio desconcertante porque estaba repleto de vegetación. No eran pastitos, eran casi árboles, había ataúdes, había estructuras metálicas, lo que está dentro del ataúd que se utiliza para las bóvedas para que no emanen los olores del cuerpo a medida que se va descomponiendo. Había huesos, que no eran los que íbamos a buscar, pero es algo bastante típico en los cementerios de encontrar”.

Nadie sabía en esa superficie dónde se encontraba la supuesta fosa y un sepulturero, hablando con el juez, marcó siete u ocho pasos y dijo: “Acá”.

“Algo hay que hacer”

Demarcaron una cuadrícula de dos m por 1 m como suelen realizar y pusieron manos a la obra. “A la media hora veíamos que la fosa venía difícil, porque se nos había dicho que era una fosa individual y era una fosa común. Llegado un momento dijimos: ‘Bueno, hasta acá llegamos’. Habíamos dejado al descubierto once cráneos”. Ya sabían que no era trabajo de un día y que había que hacer un trabajo de investigación para saber quiénes eran las otras personas, si es que alguno de ellos era Perrotta.

Entre esos restos no estaba Perrotta, que había desaparecido un 13 de junio de 1977, a los 57 años. La mayoría de los restos era de gente joven, herida de bala. Hasta la actualidad, los restos de Rafael Perrotta no han sido identificados y el periodista continúa desaparecido.

“Algo hay que hacer”, se dijeron: sabían que encontrarían más cuerpos.

En ese momento, el equipo no tenía acceso a la causa judicial ni competencias para excavar e investigar a fondo. Esto cambió unos meses más tarde, cuando Matilde Cerviño, madre de la desaparecida María Teresa Cerviño, solicitó su intervención como peritos de parte en la investigación judicial sobre el homicidio de su hija, secuestrada en abril de 1976 y localizada en el cementerio. Todavía en dictadura, su mamá, había localizado la causa judicial que registraba el asesinato y en la que figuraba su traslado a la morgue de Avellaneda. No había logrado, sin embargo, recuperar el cuerpo. A partir de 1983, ese expediente había documentado el testimonio de funcionarios y empleados del cementerio que afirmaban que en el sector 134 “enterraban los cadáveres que dejaban de noche las fuerzas de seguridad abandonados en las galerías”; que el muro se había construido “para que los transeúntes no viesen los cadáveres NN, dejados por los bomberos, por la policía o por hospitales”.

“Ya éramos peritos, teníamos acceso a la causa judicial y con eso empezamos en la oficina a hacer la investigación. Ya podíamos ir y excavar, pero no tenía sentido, porque no sabíamos nada de lo que había sucedido en ese sector, que eran trescientos metros cuadrados”, explicó la antropóloga forense. Desde entonces, pudieron revisar expedientes, libros de inhumaciones y actas de defunción, lo que permitió cruzar información sobre la fecha de ingreso y las características de los restos en el sector 134.

Las vaqueras

Mientras leían la causa judicial, un sepulturero comenzó a aportar información y a partir de él, otros siguieron su ejemplo. Contaron que en el sector 134, que había sido utilizado entre fines de 1975 y 1978, estaban obligados a cavar vaqueras. Vaqueras es un sinónimo de fosa y es donde entra una vaca. Eran pozos de dos metros de largo por dos de ancho, por dos de profundidad. “Ellos en ningún momento decían si estaban obligados a enterrar los cuerpos. Estaban obligados, sí, y eso sí lo sabemos, amenazados de que tenían que abrir los pozos, generalmente en horas extrañas, para que fueran utilizados. Esas vaqueras eran reutilizadas. Indudablemente lo que uno piensa es: abren y siguen tirando gente: unos del 76, y otros del 77”.

“Mientras algunos seguían con la lectura de la causa judicial, también vimos los libros del cementerio. Lo que buscábamos era la ubicación de todos los que estaban en la 134. En el libro del cementerio aparecía una fecha de inhumación, porque lamentablemente la fecha de muerte muchas veces no estaba en el cementerio de Avellaneda. Eso es una irregularidad bastante propia de este cementerio. Pero también tenía el sexo de la persona y la edad. También nos fuimos al Registro Nacional de las Personas para ver las actas de defunción que decían en el libro del cementerio. Fue un trabajo muy amplio el que hicimos con las actas de defunción, porque no lo hicimos solo para el cementerio de Avellaneda, sino que hubo un relevamiento de todos los NN relativamente jóvenes con causa de muerte traumática”, dijo sobre el minucioso cruce de información.

El hallazgo de cuerpos reveló patrones de violencia sistemática. La mayoría de los restos correspondía a jóvenes adultos con heridas de proyectil, sin vestimenta ni pertenencias personales, lo que dificultó la identificación inicial. Sin embargo, el buen estado de conservación de los huesos en Avellaneda se destacó positivamente frente a otros cementerios, permitiendo análisis.

Todos los que tenían causa traumática los relevaron. “Si decía hemorragia interna, sabía que faltaba decir herida de bala. Los que murieron por intoxicación de cianuro, quienes se tomaron las pastillas, en algunos casos figuran como intoxicados y otros como edema agudo de pulmón.“ Esto lo fuimos averiguando con el tiempo, cuando identificábamos y después veíamos el acta de defunción que ponía el policía. Hay un último renglón que dice ‘observaciones’ y ponían las características de la ropa del cadáver. En Avellaneda hay muchos interrogantes. Uno de ellos es ¿qué hacían con la ropa? Suponemos que por una cuestión práctica hicieron un pozo y la quemaron, pero nunca nadie nos pudo contar qué pasaba con la ropa”, señaló la investigadora.

La realidad del cementerio evidenciaba graves irregularidades. La fecha de muerte de las víctimas con frecuencia no figuraba en los registros, y las actas presentaban datos fragmentarios o inconsistentes.

El procedimiento de excavación implicó la limpieza total del terreno y la implementación de una cuadrícula de 41 unidades de excavación, de dos metros de lado cada una, separadas por pasillos para facilitar el movimiento de tierra. Este método permitió sistematizar la búsqueda en un trabajo que se extendió por cuatro años. Durante la excavación, el equipo enfrentó complicaciones logísticas, climáticas y también de seguridad.

En ese trabajo quirúrgico, en una de las cuadrículas, a los cuarenta centímetros encontraron un esqueleto. Dijimos: “Ah, estamos a quince centímetros muy arriba. Después apareció todo un nivel de tierra y aparecen más esqueletos. Entonces, dijimos: “Bueno, dimos con una de las vaqueras”. Ahora, ¿qué es? ¿La vaquera de 1976, 1977 o 1978? No teníamos ni idea", recordó. En ese entonces usaban la morgue para cambiarse. No tenían luz, ni agua y hasta que el municipio acondicionó ese espacio pasó casi un año. Por esa razón dejaban los esqueletos en el lugar donde eran hallados, in situ.

La seguridad fue otro aspecto que les dio más de un dolor de cabeza, según Bernardi. Ellos por ser peritos, tenían una custodia en el sitio. Les habían asignado la comisaría cuarta de Avellaneda, que era la que estaba involucrada en la entrada de dos cuerpos. “Entonces, la policía quería sacarnos información a nosotros, nosotros a la policía y en verdad a los tres o cuatro meses se fueron y dijimos: ‘Está bien, basta, no queremos seguridad’. Después, un ministro de La Plata nos prestó su seguridad personal, pero era todo un engorro”, explicó.

Mäs tarde llegaron los robos, desde elementos cotidianos a aquellos que interfirieron en su trabajo gravemente. “Los primeros robos que tuvimos eran de cosas materiales: la pava, la radio, etc. Ya estábamos casi en el segundo o tercer año que tuvimos un robo jodido, porque de una fosa robaron cuatro cráneos. Y eso nos trajo bastantes problemas, hicimos las denuncias, pero es un problema: cómo decirle al familiar que sí teníamos el cráneo de su hijo, esposo, padre, y que lo robaron. Los que estudian Medicina y Odontología suelen ir a los cementerios y con unos pesos bajo la mesa le dan cráneos los sepultureros. Lo que pasa que estos fueron unos hijos de puta que sacaron lo que nosotros habíamos descubierto”, se lamenta.

Información a resguardo

Según Bernardi, los recursos muy limitados y no disponían de equipos de filmación que permitieran registrar el proceso. Por esa razón, decidieron no convocar a la prensa hasta completar las excavaciones, ya que el predio era abierto y temían que la difusión temprana del hallazgo generara interferencias o riesgos para el trabajo. No obstante, mantuvieron contacto con la BBC de Londres, no por considerarla más importante que los medios argentinos, sino porque contaba con tecnología adecuada para registrar imágenes y difundirlas en el exterior, lo que el equipo consideraba una forma de resguardar la información que estaban reuniendo.

A medida que avanzaban las excavaciones, la cantidad de datos y evidencia acumulada crecía de manera significativa, lo que generó preocupación entre los investigadores sobre cómo proteger ese material. Esa preocupación se agravó durante uno de los levantamientos carapintadas, cuando el equipo evaluó la posibilidad de que un eventual retorno de los militares pusiera en jaque la información reunida y la continuidad de la investigación.

En las vaqueras, los esqueletos estaban ubicados no todos orientados hacia el mismo lugar, sino uno mirando para un lado y otro para el otro, para “que entrara más cantidad de personas”. Siempre estaban desnudos. Advirtieron que las personas mayores, se trataba de gente que sí tenía ropa y no tenían lesión. ”Hablando con los sepultureros, esos eran los NN, pero los indigentes, personas mayores que murieron en la calle y también entraron en el sector 134. Palabras textuales: ‘Como tenían piojos, pulgas, nosotros no les sacábamos la ropa’. Entonces, para nosotros, claramente, ese era un indicador. O sea, las personas mayores con ropa sin lesión no era lo que nosotros estábamos buscando".

Un caso determinante fue la identificación de una mujer con una operación cardíaca practicada por el cirujano René Favaloro en 1976, lo que permitió establecer su identidad y reconstruir el recorrido de su detención. Asimismo, el caso de Luis Jaramillo se resolvió a través de la correspondencia entre una prótesis dental y el testimonio de su esposa.

La cuadrícula D5 expuso otros elementos reveladores, como la superposición de tres mujeres que presentaban cinco impactos de bala cada una en la pelvis, indicio probable de un mismo evento violento. En la misma sección, la presencia de niños desaparecidos, incluida la identificación genética del hermano de Karina Manfil por la Universidad de Berkeley bajo la dirección de Mary Claire King (pionera en genética aplicada a derechos humanos), marcó uno de los primeros casos de identificación mediante ADN aplicadas a desapariciones forzadas en la Argentina, en la década de 1990.

En ese entonces, el testeo solo era posible uno a uno, es decir entre una muestra tomada de un hueso y una muestra de sangre donada por un familiar, y se hacía en Estados Unidos. Por eso, para realizar un cotejo de ADN había que partir de una hipótesis sólida. Entre los esqueletos recuperados, uno pertenecía a un niño de 9 años, edad que no era frecuente entre las personas desaparecidas. Se trataba de Carlos Alberto Manfil, quien había sido asesinado con su papá Carlos Laudelino y su madre, Angélica Zárate, también encontrados en el sector 134 e identificados en el mismo momento.

El estudio de los registros y los testimonios de sepultureros permitió reconstruir circuitos de represión y traslado de personas desaparecidas entre La Plata, zona sur y el propio cementerio de Avellaneda. Uno de los casos mejor documentados fue el de cuatro jóvenes oriundos de Bahía Blanca, vistos en centros clandestinos y finalmente asesinados y enterrados clandestinamente tras el ingreso de camiones militares por una entrada secundaria.

Entre los 336 cuerpos exhumados, Bernardi detalló que catorce correspondían a bebés o fetos derivados de hospitales y unos sesenta a personas mayores indigentes. La mayoría restante corresponde a víctimas de desaparición forzada. Hasta la fecha, 119 personas fueron identificadas mediante técnicas de ADN y métodos antropológicos, mientras que más de 126 aún esperan nombre y contacto con familiares.

En el aniversario del golpe del 76, el EAAF lanzó una Web de visualización de datos e historias sobre el sector 134: Cementerioavellaneda.eaaf.org. En las páginas, se puede observar entre otros datos, las identificaciones de personas junto a las están sin identificar, agruparlas por sexo, edad, año de desaparición, causa de muerte y año de identificación.

La enorme dificultad de la tarea reside en la falta de familiares directos disponibles para las pruebas genéticas, dado el paso del tiempo. Bernardi precisó que existen “11.750 muestras de referencia” de familiares, pero muchas veces solo se cuenta con sobrinos, lo que complica la correspondencia genética. El proceso ha debido adaptarse a la realidad de la exhumación y las condiciones de cremación actuales, que en ciertos casos imposibilitan toda identificación.

La identificación de estas personas no sólo restituye identidad a las víctimas de desaparición forzada, sino que reconstruye los circuitos del terrorismo de Estado en la Argentina y el funcionamiento clandestino bajo la dictadura. Cada identificación no solo devuelve un nombre, sino que reconstruye una historia y aporta pruebas para la justicia.