El gasto público de La Rioja en 2025: el personal consume más de la mitad del presupuesto

12:03 | Lunes 13 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Contaduría General de la Provincia publicó el Anexo I – Planilla 1.3 de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025, el documento que con mayor precisión refleja cómo distribuyó el Estado riojano cada peso gastado durante el año. El informe, de carácter provisorio, permite una radiografía estructural de las prioridades reales del gobierno de Ricardo Quintela: dónde fue el dinero, cuánto se pagó efectivamente y cuánto quedó devengado sin cancelar.

Los números globales: tres bases, una brecha

El presupuesto se lee en tres niveles. El crédito vigente —lo que estaba autorizado a gastar— totalizó $1,435,253 millones. Lo devengado —gastos comprometidos contablemente durante el ejercicio— alcanzó $1,367,197 millones. Lo efectivamente pagado en caja llegó a $1,306,501 millones. La diferencia entre devengado y pagado es de $60,696 millones: obligaciones reconocidas por el Estado provincial que no se cancelaron durante el ejercicio y que se trasladan como pasivo al año siguiente. No es deuda pública formal, pero es una presión financiera cierta sobre el inicio de 2026.

El personal: más de la mitad del gasto

El dato estructural más relevante del informe es la participación del gasto en personal sobre el total pagado. Los $697,352 millones destinados a remuneraciones representan el 53,4% de todos los pagos efectivos del ejercicio. Cada dos pesos que La Rioja pagó en 2025, uno fue a salarios de empleados públicos. Esa proporción no es nueva en la provincia —es una constante histórica de los Estados subnacionales argentinos de alta dependencia fiscal—, pero su magnitud delimita el margen de maniobra real para cualquier política de inversión o ajuste.

Los bienes y servicios pagados sumaron $161,226 millones, las transferencias corrientes $348,026 millones, y los intereses de la deuda pública $8,491 millones. Este último número es engañosamente bajo: refleja únicamente los intereses sobre los componentes de la deuda que La Rioja está honrando —organismos multilaterales y bonos locales—, no los correspondientes a los títulos internacionales bajo ley extranjera que siguen en default y por los cuales no se registró pago alguno durante el ejercicio.

Servicios Sociales: la columna vertebral del gasto

El bloque III —Servicios Sociales— es el más grande de la estructura presupuestaria con $643,208 millones pagados, equivalentes al 49,2% del gasto total. Dentro de él, la educación elemental es el componente principal con $338,989 millones, seguida por salud con $202,148 millones. Estos dos sectores juntos representan el 41,4% del gasto provincial total, lo que consolida la imagen de un Estado cuya función primaria es la prestación de servicios básicos a una población que depende casi exclusivamente de la oferta pública.

La promoción y asistencia social pagó $59,877 millones, mientras que vivienda y urbanismo alcanzó $10,175 millones y agua potable y alcantarillado $16,042 millones. En estos dos últimos rubros, la brecha entre lo devengado y lo pagado es significativa: en vivienda se devengaron $12,435 millones pero solo se pagaron $10,175 millones, y en agua potable la diferencia entre devengado ($19,091 millones) y pagado ($16,042 millones) supera los $3,000 millones, lo que indica obras o contratos comprometidos que quedaron con saldo pendiente al cierre del ejercicio.

La Administración Gubernamental y las transferencias a municipios

El bloque I —Administración Gubernamental— pagó $466,485 millones, equivalentes al 35,7% del total. Su componente más voluminoso son las Relaciones Interiores, que agrupa las transferencias a municipios y organismos descentralizados: $214,222 millones pagados sobre $227,150 millones devengados. La brecha de $12,928 millones en ese rubro indica que los municipios riojanos cerraron 2025 con transferencias provinciales pendientes de cobro, lo que presiona sus finanzas locales en un contexto ya crítico de restricción presupuestaria nacional.

La Dirección Superior Ejecutiva —que incluye la Gobernación y sus dependencias directas— pagó $166,452 millones, de los cuales $50,483 millones fueron transferencias corrientes y $8,737 millones inversión real directa. El Poder Judicial insumió $41,172 millones y el Legislativo $19,050 millones.

Los Servicios Económicos: infraestructura productiva en el margen

El bloque IV —Servicios Económicos— es el que mayor impacto directo tiene sobre el desarrollo productivo de la provincia, y su participación relativa en el gasto total es la más baja del cuadro: $86,978 millones pagados, apenas el 6,7% del total. Dentro de ese universo, el transporte concentra $41,022 millones —fundamentalmente infraestructura vial—, la energía $16,137 millones, la agricultura $15,477 millones y el comercio y turismo $3,928 millones.

La inversión financiera en el sector energético —$13,921 millones pagados— corresponde mayoritariamente a aportes de capital en empresas provinciales del sector, un rubro que en el contexto de la potencial venta de activos como Arauco Solar Aimogasta adquiere relevancia política adicional.

La inversión real: $63.548 millones sobre $1,3 billón de gasto

Uno de los indicadores más elocuentes sobre el carácter del presupuesto provincial es la proporción de inversión real directa sobre el gasto total. Los $63,548 millones efectivamente pagados en ese concepto representan apenas el 4,9% del gasto total pagado. En términos prácticos: de cada $100 que La Rioja gastó en 2025, menos de $5 fueron a construcción o equipamiento de infraestructura propia. El resto sostuvo el funcionamiento corriente del Estado —principalmente salarios y transferencias.

Esta estructura no es una anomalía del ejercicio 2025: es la configuración histórica de un Estado provincial que, atrapado entre una planta de personal rígida, una dependencia fiscal de la coparticipación y obligaciones de deuda que condicionan su acceso al crédito, tiene escaso margen para orientar recursos hacia la inversión que podría generar condiciones de desarrollo autónomo. El Anexo I de la Planilla 1.3 no describe solamente un año fiscal: describe una ecuación estructural que ninguna gestión ha logrado modificar en las últimas décadas.

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