Según el IARAF: La Rioja soporta el mayor desangre fiscal per cápita del país

12:27 | Jueves 16 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Rioja emergió como el epicentro de la redistribución fiscal más agresiva llevada a cabo por el Gobierno Nacional en los últimos veintiséis meses. Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicado el 12 de abril de 2026, la provincia experimentó la contracción más severa de recursos federales por habitante entre enero de 2024 y febrero de 2026, con una pérdida acumulada de $3.086.000 por residente.

El estudio demuestra que mientras la Argentina consolidada registró una reducción de US$18.000 millones en transferencias nacionales automáticas y no automáticas durante el período bajo análisis, La Rioja fue golpeada con particular virulencia. La provincia perdió US$706 millones acumulados, equivalente a una reducción de $1.742 por habitante —la segunda más alta del país tras Tierra del Fuego—. En términos absolutos, solo Buenos Aires (-$14.117.000 millones), Santa Fe (-$2.531.000 millones) y Córdoba (-$2.115.000 millones) sufrieron montos superiores. Pero en impacto relativo por población, La Rioja encabeza el ranking nacional.

El desglose de la contracción fiscal en La Rioja revela un patrón de ajuste dual. En transferencias no automáticas —aquellas definidas discrecionalmente por el Ejecutivo Nacional—, la provincia perdió $938.000 millones de pesos en moneda de febrero 2026, con un costo de $2.314.000 por habitante. Este índice per cápita fue el más elevado de todas las jurisdicciones, superando ampliamente a provincias como Tierra del Fuego ($1.014.081 por habitante) y Santa Cruz ($957.000 por habitante). Adicionalmente, en transferencias automáticas —vinculadas a la recaudación de impuestos coparticipables como IVA y Ganancias—, La Rioja acumuló pérdidas de $312.586 millones, equivalentes a $771.358 por habitante.

El contexto macroeconómico que explica este fenómeno resulta determinante. Las transferencias automáticas cayeron sistemáticamente en todas las provincias debido a factores estructurales: la restitución de certificados de exclusión aduanera en marzo de 2025 deprimió la recaudación del IVA; las sucesivas reducciones de carga tributaria sobre ganancias e impuestos internos limitaron la base de coparticipación; y aunque la actualización de combustibles generó algo de alivio, fue insuficiente para compensar. La Rioja, siendo una jurisdicción dependiente en extremo de estos fondos —su capacidad de financiamiento propio es marginal—, resultó especialmente vulnerable a estas dinámicas.

Sin embargo, la dimensión política del ajuste no puede ser soslayada. El Gobierno Nacional priorizó trasferencias discrecionales hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que registró un incremento acumulado de $876.000 millones entre enero 2024 y febrero 2026, justificado por una medida cautelar de la Suprema Corte que obligó a elevar la coparticipación bonaerense del 1,4% al 2,95%. Mientras CABA ganaba, las veintidós jurisdicciones restantes perdían. La Rioja, gobernada por Ricardo Quintela desde una plataforma provincial de resistencia fiscal denominada «Federales Somos Todos», experimentó una reducción que pone en jaque la viabilidad de servicios provinciales ya fragilizados.

La aparente paradoja que emerge es reveladora: simultáneamente con estos recortes sin precedentes per cápita, La Rioja logró crecer en empleo privado registrado un 1,3 por ciento en enero de 2026 —el crecimiento más alto del país—. Esto sugiere que la provincia ha logrado una reconfiguración de sus estructuras de gasto y, posiblemente, está canalizando fondos desde otros rubros hacia actividades que protegen el empleo formal. Pero tal estrategia es insostenible en el mediano plazo.

La magnitud del ajuste fiscal genera interrogantes políticos de escala nacional. El ajuste no fue distribuido proporcionalmente. Buenos Aires, con mayor capacidad de recaudación propia y acceso a mercados de capital, soportó una caída de $808.913 por habitante —significativa pero inferior—. Las provincias del interior, especialmente aquellas sin ingresos adicionales derivados de hidrocarburos o minería de escala, como La Rioja, fueron sometidas a una reducción relativa que cuestiona los fundamentos del pacto federal.

El documento del IARAF subraya que «la participación en la pérdida de recursos entre transferencias no automáticas y automáticas fue heterogénea». Para La Rioja, los recortes discrecionales fueron particularmente severos, reflejando prioridades políticas del Ejecutivo Nacional que privilegiaron la estabilización de la capital federal por sobre la capacidad de gobernar en las provincias. El costo político de esta estrategia fiscal está comenzando a sedimentarse: una provincia federalista que se niega a capitular ante el ajuste, que lidera el crecimiento de empleo a pesar del desangre financiero, y que acumula argumentos institucionales para un enfrentamiento fiscal que podría trascender el ciclo de Milei.