DGIP: La Rioja recaudó $13.989 millones en marzo

13:35 | Jueves 16 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

...La cifra confirma la estructural incapacidad del fisco riojano para autofinanciarse y vuelve a poner en evidencia la dependencia absoluta de las transferencias nacionales en un contexto de conflicto abierto con la administración Milei.

La Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP), dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de La Rioja, difundió el informe oficial de recaudación correspondiente al mes de marzo de 2026. El dato consolidado arroja una recaudación total de 13.989.347.481,48 pesos, integrada por los cuatro tributos que conforman la masa impositiva provincial: Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y Sellos.

El desglose revela una matriz tributaria fuertemente concentrada. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos aportó 10.141.297.310,03 pesos, lo que representa el 72,49% del total recaudado en el mes. El Impuesto de Sellos sumó 1.828.849.871,25 pesos (13,07%), el Impuesto Inmobiliario generó 1.204.578.945,29 pesos (8,61%) y el Impuesto Automotor, 814.621.354,91 pesos (5,82%). La estructura confirma lo que ya reflejaban los balances del ejercicio anterior: Ingresos Brutos es el sostén virtualmente excluyente de la capacidad recaudatoria propia del Estado provincial, mientras que los tributos patrimoniales y transaccionales cumplen un rol marginal en la composición del financiamiento.

La proporción con el gasto provincial: el dato que define el escenario

La cifra de marzo adquiere su verdadero significado cuando se la contrasta con la dimensión del gasto provincial. De acuerdo con la ejecución presupuestaria 2025 de la administración pública no financiera, el gasto total devengado del ejercicio fue de 1.367.197,35 millones de pesos, lo que arroja un promedio mensual cercano a los 113.933 millones de pesos. Bajo esa escala, la recaudación propia de marzo de 2026 —13.989 millones— equivale a poco más del 12% del gasto mensual promedio provincial.

Dicho de otro modo: por cada 100 pesos que la provincia gasta en un mes, su aparato recaudatorio propio genera apenas 12. Los 88 pesos restantes provienen, en lo esencial, de las transferencias automáticas y no automáticas que recibe desde el Tesoro Nacional. El dato ratifica, con una cifra reciente y oficial, la tesis central que surge de la lectura de la planilla del Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento 2025: La Rioja es una provincia que, en términos fiscales, no puede sostenerse sin la coparticipación federal.

Ingresos Brutos, la columna vertebral del fisco riojano

La concentración del 72% de la recaudación en Ingresos Brutos no es un dato menor ni casual. Este impuesto —que grava la actividad económica en todas sus etapas, con alícuotas diferenciadas por rubro— es el principal instrumento de recaudación provincial en casi todas las jurisdicciones argentinas, pero en La Rioja exhibe un peso relativo particularmente elevado. La explicación es doble: por un lado, la debilidad de la base patrimonial gravada (reflejada en lo modesto de la recaudación inmobiliaria y automotor); por el otro, la presión fiscal acumulada sobre el consumo y la actividad formal registrada, que se traduce en una alícuota efectiva creciente sobre los contribuyentes activos.

El dato estructural tiene implicancias económicas directas. El Impuesto a los Ingresos Brutos es históricamente criticado por los economistas del sector privado por su carácter acumulativo: al gravar la facturación en cada etapa de la cadena productiva, genera un efecto de cascada tributaria que encarece los precios finales y reduce la competitividad relativa de los bienes producidos localmente. La dependencia del fisco riojano de este instrumento implica, en consecuencia, que cualquier reforma tributaria de alcance nacional que propusiera su sustitución o reducción —como las que periódicamente impulsan el sector empresario, el equipo económico del Gobierno Nacional y diversos think tanks— golpearía de manera directa y desproporcionada a la caja provincial.

Automotor e Inmobiliario: la fotografía de un patrimonio gravado limitado

Los 814,6 millones de pesos recaudados por el Impuesto Automotor y los 1.204,6 millones por el Impuesto Inmobiliario dibujan el mapa de una provincia con una base patrimonial tributaria angosta. Sumados, ambos tributos aportaron 2.019,2 millones de pesos en marzo, una cifra que equivale a apenas el 14,43% del total recaudado. La relación contrasta con la estructura de otras jurisdicciones argentinas de mayor desarrollo relativo, donde los tributos patrimoniales —y en particular el inmobiliario urbano— tienen un peso sustancialmente mayor.

La explicación de fondo combina tres factores: una valuación fiscal de los inmuebles rezagada respecto de los valores reales de mercado, un parque automotor relativamente reducido en términos per cápita frente al promedio nacional, y una capacidad de fiscalización administrativa limitada sobre el universo de contribuyentes patrimoniales. El resultado es que la tributación patrimonial no alcanza, en La Rioja, a funcionar como una fuente alternativa robusta frente a la centralidad de Ingresos Brutos.

Sellos: un termómetro de la actividad económica formal

El Impuesto de Sellos, que en marzo aportó 1.828,8 millones de pesos —el 13,07% del total—, ofrece una señal indirecta sobre el volumen de la actividad económica formal en la provincia. Este tributo grava la instrumentación de contratos, operaciones inmobiliarias, transferencias de vehículos, operaciones financieras y una amplia variedad de actos jurídicos. Su evolución suele estar correlacionada con el dinamismo del mercado inmobiliario, la actividad comercial registrada y las operaciones de compraventa en general.

Que Sellos supere en recaudación al Impuesto Inmobiliario y al Automotor —algo poco frecuente en la mayoría de las jurisdicciones— sugiere dos posibles lecturas: un nivel elevado de actividad transaccional registrada durante el mes, o bien una alícuota efectiva relativamente alta aplicada sobre la base imponible. Cualquiera sea la interpretación predominante, el dato confirma que los tributos transaccionales ocupan, en la matriz recaudatoria riojana, un espacio más significativo que los patrimoniales puros.

El telón político y fiscal del dato

La recaudación provincial de marzo se inserta en un contexto de máxima tensión entre La Rioja y el Gobierno Nacional. Durante el primer bimestre de 2026, la provincia registró una caída real cercana a los 19.000 millones de pesos en los envíos de coparticipación federal respecto del mismo período de 2025, en el marco del conflicto abierto con la administración de Javier Milei por la distribución de los fondos nacionales, la actualización de los coeficientes de reparto y el reclamo judicial por sumas adeudadas.

En ese escenario, cada punto porcentual de caída en las transferencias nacionales tiene un impacto directo y proporcional sobre la capacidad de pago del Estado provincial, dado el bajo peso relativo de la recaudación propia. El Gobierno de Ricardo Quintela ha buscado responder a esta restricción estructural a través de dos vías complementarias: la profundización del conflicto político con la Casa Rosada, articulado en la construcción de su movimiento nacional «Federales Somos Todos»; y la monetización de activos estratégicos provinciales, como la venta del Parque Eólico Arauco, de Arauco Solar Aimogasta y de la SAPEM Granjas Riojanas, esta última ya concretada.

La recaudación de 13.989 millones de pesos registrada en marzo no alcanza, por sí sola, a modificar esa ecuación. Cubre apenas una fracción del gasto corriente mensual de la provincia, dominado por una masa salarial rígida que representa más de la mitad del presupuesto. Es, en términos técnicos, un dato de magnitud menor frente al volumen total del sistema financiero provincial; y en términos políticos, la confirmación numérica de que el margen de autonomía fiscal riojano es, al cierre del primer trimestre de 2026, tan estrecho como estructuralmente lo ha sido durante las últimas décadas.

Una pregunta que el dato abre

Los 13.989 millones recaudados en marzo habilitan, por último, una reflexión que el escenario nacional seguramente volverá a instalar en los próximos meses: ¿en qué medida es sustentable, fiscal y políticamente, un modelo provincial cuyo aparato recaudatorio propio genera poco más del 10% de los recursos necesarios para cubrir su gasto corriente? La pregunta no es meramente teórica. Atraviesa el debate sobre la revisión del régimen de coparticipación, sobre el rol del gasto público provincial en la macroeconomía argentina y sobre las condiciones bajo las cuales una jurisdicción como La Rioja puede preservar su autonomía institucional sin comprometer su viabilidad financiera.

Mientras esa pregunta permanece abierta, el fisco riojano acumula mes tras mes un volumen de recursos que, aunque creciente en pesos nominales, sigue siendo estructuralmente insuficiente para sostener por sí solo el andamiaje del Estado provincial. Marzo de 2026, con sus 13.989 millones de pesos, no es una excepción: es apenas una nueva fotografía, fechada, de un desequilibrio que atraviesa a la provincia desde hace décadas y que las actuales tensiones federales amenazan con llevar a su punto más crítico.