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Santiago Azulay, secretario de Ambiente sobre la Ley de Glaciares: “El ambiente no responde a límites políticos, es uno solo”

En diálogo con Fénix, cuestionó la normativa nacional y defendió la intervención provincial frente a proyectos mineros, en medio de un conflicto por el impacto ambiental en la cordillera.

Jueves 16 de Abril de 2026

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16:33 | Jueves 16 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

En diálogo con Fénix, el secretario de Ambiente, Santiago Azulay, realizó un duro análisis sobre la Ley de Glaciares y su impacto en las provincias, al considerar que la normativa “es absolutamente inconstitucional”.
 
El funcionario sostuvo que, pese a haber cumplido con el trámite legislativo, la ley “hiere nuestro sistema republicano, representativo y federal”, al entender que se contrapone con principios establecidos en la Constitución Nacional.
En ese marco, advirtió que este tipo de decisiones terminan afectando a las propias provincias: “Se alza en contra de los intereses de la misma gente que lo ha votado”, afirmó, al tiempo que cuestionó el rumbo político que respalda este tipo de medidas.
 
Sin embargo, aclaró que en el caso de La Rioja el impacto no sería determinante, ya que la provincia cuenta con su propia legislación y avanza en un inventario local de glaciares. “El criterio de equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del ambiente ha sido una constante”, señaló.
Por otra parte, se refirió a la actividad minera y la necesidad de garantizar controles ambientales. En ese sentido, explicó que el Gobierno provincial impulsó una medida judicial contra la empresa Vicuña por la falta de presentación de un estudio de impacto ambiental completo.
 
“Hemos requerido en múltiples instancias la presentación del estudio y no hemos tenido respuesta”, indicó, y remarcó que la evaluación parcial presentada por la firma resulta insuficiente.
Azulay enfatizó que el ambiente no reconoce límites políticos: “Está a escasos metros del límite provincial, pero el ecosistema es uno solo”, explicó, al justificar la intervención de La Rioja en el caso.
 
Finalmente, sostuvo que el objetivo es garantizar el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano y equilibrado, y evaluar si los proyectos mineros logran compensar los impactos negativos con los beneficios que puedan generar.

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