La Rioja: El 24 de abril , Magistrados y funcionarios judiciales eligen nuevas autoridades

10:18 | Viernes 17 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Rioja convocó a sus afiliados de la Función Judicial, del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal a la Asamblea Ordinaria que se llevará adelante el próximo jueves 24 de abril a las 18, en la sede de la institución ubicada en avenida Los Caudillos, entre pasaje Albert Einstein y Samuel Luna, del barrio Vargas de la capital provincial.

La convocatoria, firmada por el presidente a cargo, Rodolfo Ortiz Juárez, y por la secretaria a cargo, contadora Carolina López, fija un orden del día clásico pero políticamente sensible: lectura del acta anterior; tratamiento y aprobación de los estados contables del ejercicio 2025 junto con el informe de la Comisión Revisora de Cuentas; elección de autoridades de la Comisión Directiva; proclamación y asunción de las autoridades electas; y designación de dos asociados para refrendar el acta.

La asamblea sesionará con el quórum legal a las 18 o, en su defecto, media hora más tarde con el número de socios presentes, según el mecanismo estatutario habitual previsto en este tipo de entidades de afiliación voluntaria.

Una elección con peso institucional

Más allá del trámite formal, la renovación de autoridades de la Asociación reviste un peso institucional específico en el actual escenario riojano. La entidad es la voz colectiva de los integrantes del Poder Judicial provincial frente al Ejecutivo y la Legislatura, y suele intervenir públicamente en los debates por las condiciones de trabajo, los salarios, las designaciones y las reformas estructurales del sistema de Justicia.

Su nueva conducción asumirá en un contexto en el que el quintelismo viene impulsando modificaciones en el funcionamiento del Poder Judicial y en el que, paralelamente, persisten reclamos del sector por la actualización de los haberes —regida por una escala propia que el Tribunal Superior de Justicia debe fijar respetando las pautas marcadas por el Ejecutivo en el Decreto 129/26, ratificado por la Ley N° 10.861—.