Corrupción en la AFA: un fiscal de Santiago del Estero pidió la detención e inhibición de los bienes de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, le pidió este viernes al juez de turno la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero y todo el entorno familiar y empresario que rodea a Pablo Toviggino por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos. Además, solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de los bienes de los imputados, incluyendo decenas de empresas, inmuebles y autos.

El pedido se lo hizo al juez federal de esa provincia Sebastián Argibay, pero como éste está de vacaciones el expediente pasó al juez federal de turno de Tucumán, que se encuentra en la misma jurisdicción judicial, revelaron a Clarín fuentes oficiales.

Los pedidos de prisión preventiva se fundan en que, a criterio del fiscal, se trata de “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país".

Además, los delitos atribuidos tienen una pena mínima de 8 años de prisión –asociación ilícita agravada y el lavado de activos-, por lo que de haber en el futuro una condena, la misma sería de cumplimiento efectivo.

El rol del Chiqui Tapia

Para Simón, Tapia (en su calidad de presidente de la AFA) habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la entidad madre del fútbol argentino al autorizar las transferencias a favor de las empresas que giran alrededor de Toviggino, como Real Central SRL, la dueña de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares.

La empresa TourProdEnter de Javier Faroni, que desde 2021 recaudó unos 400 millones de dólares en el exterior a partir de la Selección de Lionel Messi, aparece emitiendo facturas a favor de firmas vinculadas a Toviggino, resaltó el fiscal.

Los otros imputados por el fiscal son Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío FabiánToviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán Del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.

También fueron nombrados por el fiscal en calidad de sospechosos: María Florencia Sartirana, Juan Pablo Beacon, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Carlos Bruno Seguel, Juan Manuel Chazarreta, Gabriela Verónica Coronel Peña, Fernando Figueroa, Gustavo Fabián Quijano, Gabriel Leonardo Gorosito y Julio César Araujo.

Las fuentes aclararon que el pedido de detención no incluye a los hijos de Toviggino.

La plata negra habría entrado a la organización a través de una “defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino”. También de la evasión de impuestos, la emisión de facturas truchas y maniobras con el dólar blue.

Las etapas del lavado

La primera etapa del lavado consistió en la introducción de esas ganancias obtenidas de manera ilícita en el sistema financiero.

Para ello, Toviggino creó una estructura societaria compuesta por las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA, Norte Argentino, Lindor, Barwa, Maroma, Segon, Carbello, Servicios Neurus, Servicios Lindor, Vandap, Wicca y Real Central (anteriormente conocida como Central Park Drinks).

El fiscal resaltó que en la actualidad Toviggino no está inscripto en sociedades con domicilio en Santiago del Estero, pero anteriormente formó parte de Norte Argentino, SOMA, Indunoa, DCT y HT, entre otras.

Luego en base a informes de ARCA, de la Inspección General de Justicia y de los registros de la propiedad inmueble y automotor, informó sobre el crecimiento exponencial del capital social de varias de esas empresas, y las decenas de autos y camionetas que están a nombre de las mismas.

Además, registró numerosos vuelos al exterior según informó la Dirección de Migraciones, y la compra de 35 inmuebles en Santiago del Estero, incluyendo estancias, casas y lotes.

En una segunda, etapa varias de esas sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del envío de fondos de parte de la institución a las empresas. Sin embargo, “las sociedades no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”.

La segunda etapa fue la estratificación del dinero. Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, “se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”, contaron las fuentes.

La tercera etapa “fue la introducción de los fondos en el mercado que, en este caso, se realizó de distintas maneras. Culminada la facturación interempresas, Pablo Toviggino adquirió bienes a nombre de las sociedades pero para su uso y goce exclusivo, logrando de esta manera disimular la procedencia real del dinero y el verdadero destinatario de las operaciones comerciales”.

A todo esto se suma “la constitución de plazos fijos, inversión en acciones y compras de dólar MEP de parte de las empresas para lograr rendimientos en el circuito formal”.

La causa se abrió el 8 de diciembre del año 2025 por una denuncia que Aldo Sergio Parodi mandó al correo oficial de la fiscalía de Santiago del Estero en la que planteó: “Gerardo Zamora desde el Poder Ejecutivo de Santiago del Estero ha desviado millones de pesos para subsidiar los negocios de su cómplice Pablo Toviggino dueño y señor del Club Central Córdoba de Santiago del Estero”, entre otros datos.

Mientras el fiscal Simon avanzó con estas medidas en su provincia, la Cámara Federal de Casación Penal debe decidir si la causa por la mansión de Pilar la sigue investigando el juez federal de Zárate-Campana, Adrián Gonzalez Charvay, o el juez porteño Marcelo Aguinsky. Y en el futuro deberá decidir también la competencia de esta nueva causa porque hay objetos procesales parecidos.