La Cámara de Servicios Mineros de San Juan, salió a cruzar a La Rioja por el freno al proyecto Vicuña

18:49 | Sábado 18 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) se convirtió en las últimas horas en la voz articulada del empresariado cuyano contra la decisión judicial impulsada por el gobierno de La Rioja que paralizó el avance del proyecto Vicuña. A través de su presidente, Juan Pablo Delgado, la entidad canalizó un malestar que venía en ascenso en el sector desde que trascendió la orden sobre el camino de acceso al yacimiento en plena cordillera.

«Para mí tiene un tinte político sin lugar a dudas; buscan algo que creo que no es el camino para obtenerlo», lanzó Delgado en declaraciones al Canal 13 de San Juan, en una frase que condensa la lectura dominante del bloque minero sanjuanino: detrás del expediente judicial no habría un planteo técnico ni ambiental, sino un movimiento de posicionamiento político del oficialismo riojano. La denuncia pública constituye uno de los cuestionamientos más explícitos que la dirigencia empresarial de San Juan haya dirigido a una provincia vecina en los últimos años.

Una inversión de US$ 11.000 millones bajo amenaza

El argumento central que CASEMI esgrime para sostener la gravedad del conflicto es la magnitud económica del emprendimiento. Según precisó Delgado, la operadora del proyecto Vicuña proyecta un desembolso de 11.000 millones de dólares, una cifra que la cámara considera estratégica para la reactivación económica del Oeste argentino en un escenario macroeconómico dominado por la sequía de inversión productiva.

Para el titular de la entidad, la judicialización de un camino de acceso resulta incompatible con el nivel de compromiso que la empresa ya demostró con la infraestructura local. «Están hablando de un camino donde la única que hace el mantenimiento es Vicuña», subrayó, al remarcar que esa traza no sólo habilita la operación minera sino que garantiza la conectividad cotidiana de localidades riojanas que dependen del mantenimiento privado para su tránsito regular.

El empleo riojano: el argumento que CASEMI pone sobre la mesa

Uno de los ejes más incómodos que instaló la cámara sanjuanina apunta directamente al corazón del relato oficial riojano. Según los datos que difundió Delgado, el proyecto Vicuña emplea en forma directa a entre 150 y 160 trabajadores de La Rioja, a los que se suman las dotaciones de un conjunto de empresas prestadoras de servicios con domicilio en la provincia que operan en la zona de influencia de la mina.

La CASEMI recordó además que la licitación para el mantenimiento del camino entre Guandacol y el yacimiento fue otorgada en forma exclusiva a compañías riojanas, un dato que la entidad utiliza para sostener que La Rioja ya participa activamente del entramado económico del proyecto. Bajo esa lectura, la medida judicial terminaría golpeando, en primer lugar, a los propios riojanos: a las familias de los operarios contratados, a las pymes proveedoras y a una comunidad —la de Guandacol— que, según referentes del sector, reclama capacitación y rechaza los cortes de ruta que puedan afectar el normal funcionamiento de la actividad.

El efecto dominó sobre Filo del Sol y otros emprendimientos

Otro frente que CASEMI puso sobre la mesa es el impacto que la parálisis tiene sobre emprendimientos vecinos que comparten el mismo corredor cordillerano. Delgado citó específicamente el caso de Filo del Sol (Filozur) y su proyecto Mogote, que actualmente se encuentra imposibilitado de operar en la alta cordillera como consecuencia directa del conflicto abierto en torno al acceso a Vicuña.

La advertencia de la cámara apunta a que la medida riojana no se limita a un proyecto puntual, sino que configura un bloqueo estructural sobre toda una franja de la minería cordillerana en desarrollo. «No conducen a nada» este tipo de maniobras, sentenció el titular de CASEMI, al remarcar que el costo se paga en cadena y alcanza a operaciones que están por encima del pulso político específico entre Quintela y el empresariado sanjuanino.

La DIA pendiente y el reclamo de celeridad

El punto técnico que subyace al conflicto remite a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del camino de acceso. Desde la entidad sanjuanina confirmaron que la empresa ya cumplió con la presentación de la documentación correspondiente y se encuentra a la espera de la aprobación por parte del gobierno de La Rioja. La demora en ese trámite, combinada ahora con la orden judicial, configura para CASEMI una estrategia dilatoria que excede lo meramente administrativo.

La cámara instó a las autoridades riojanas a agilizar los procedimientos y a fomentar la actividad en lugar de sumar barreras. El reclamo central es que la justicia resuelva con celeridad para que Vicuña pueda retomar su cronograma sin interferencias políticas, una demanda que la entidad formuló en forma pública y que busca instalar en la agenda nacional.

RIGI, Ley de Glaciares y el costo reputacional

La ofensiva de CASEMI contiene una segunda capa que excede lo coyuntural: el temor a que el caso Vicuña erosione el entramado de consensos que la minería argentina tejió en la última década. Desde la cámara recordaron que el sector construyó acuerdos sobre la Ley de Glaciares, pactó marcos ambientales provinciales y celebró la puesta en marcha efectiva del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) como una herramienta decisiva para atraer capitales.

«En un momento donde pregonamos que la Argentina es el lugar y la minería es uno de los pilares del desarrollo, empezar a poner palos en la rueda no es el camino», resumió Delgado, en una frase que apunta directamente al daño reputacional que una traba local puede infligirle a una política nacional que busca proyectar al país como destino estable de inversión minera. La advertencia no es menor: el RIGI opera como carta de presentación del gobierno libertario ante los fondos internacionales, y un conflicto de jurisdicción en la cordillera argentina es exactamente la señal que los capitales monitorean antes de comprometer desembolsos.

La Rioja y un conflicto que se instala en la agenda nacional

El cruce con CASEMI termina de colocar a La Rioja en el centro de una discusión nacional sobre el rumbo de la política minera argentina. La provincia que conduce Quintela, atravesada por una disputa fiscal abierta con la Casa Rosada por la coparticipación, con una economía profundamente dependiente del empleo público y con antecedentes de conflictos ambientales de alto voltaje —el emblemático caso de Famatina entre ellos—, queda ahora expuesta al escrutinio del empresariado de una provincia vecina que la acusa, sin eufemismos, de utilizar la justicia como herramienta política.

Desde la CASEMI, la expectativa es que la resolución llegue pronto y que Vicuña pueda retomar el ritmo previsto. Desde La Rioja, en cambio, la pulseada apenas empieza. En el medio, 150 trabajadores riojanos, una comunidad cordillerana que pide seguir trabajando, un proyecto vecino en suspenso y una inversión de 11.000 millones de dólares que el país necesita más que nunca aguardan el próximo movimiento de un tablero que, esta vez, se juega puertas adentro del federalismo minero.