La Justicia profundiza la investigación de Manuel Adorni: ordenan un relevamiento de sus movimientos financieros

El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió información detallada a bancos, billeteras virtuales, plataformas fintech y exchanges de criptomonedas de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti en el marco de la causa cuya investigación tiene delegada por presunto enriquecimiento ilícito.

Pollicita busca seguir el movimiento de los fondos desde 2022 hasta la actualidad. Es por ello que pidió a empresas como Mercado Pago, Brubank, Openbank y Lemon que informen sobre cuentas, movimientos, transferencias, tarjetas asociadas e incluso direcciones IP desde las que se operó.

El fiscal también puso el foco en las criptomonedas y solicitó datos a múltiples exchanges, incluyendo operaciones con bitcoin, ethereum y otras divisas digitales. Con esto, apunta a conocer no solo las transacciones, sino también las billeteras utilizadas, los saldos históricos y las contrapartes.

Esta nueva batería de medidas trasciende el sistema financiero local. También pidió información a empresas de envío de dinero, como Western Union, para detectar posibles transferencias sin intervención bancaria. En paralelo, se ordenó relevar el uso de cajas de seguridad, incluyendo registros de acceso y filmaciones, con el fin de identificar movimientos de activos físicos.

La fiscalía requirió datos sobre viajes nacionales e internacionales realizados por Adorni y su grupo familiar, con detalle de fechas, destinos, montos abonados y medios de pago. La intención es contrastar esos gastos con los ingresos declarados. En la misma línea, el Banco Central deberá informar si realizaron operaciones de compra o venta de divisas.

En ese sentido y a partir de versiones públicas sobre una herencia recibida por el jefe de Gabinete, el fiscal ordenó consultas a la base de datos NOSIS, así como también en registros judiciales para verificar la existencia de un proceso sucesorio de su padre, Jorge Eduardo Adorni, y si hay bienes involucrados.

En todos los pedidos, Pollicita fijó un plazo de 72 horas y exigió a las entidades que preserven la información sin alteraciones.