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Pese al fallo favorable en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el fondo Burford decidió redoblar la estrategia judicial. Qué implica.
Miércoles 22 de Abril de 2026
09:33 | Miércoles 22 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF confirmaron que irán al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, y a la vez que tratarán de revertir en EE.UU. el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que favoreció a la Argentina.
Los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burfor Capital expusieron sus próximos movimientos en busca de dar vuelta la decisión del tribunal de alzada, que dejó sin efecto la sentencia contra el país por US$16.100 millones que la jueza Loretta Preska había dictado en 2023.
En una carta a la magistrada, los demandantes indicaron que le anticiparon a la defensa argentina su intención de presentar el caso en el CIADI, donde la Argentina perdió el 85% de los casos en litigio. No obstante, los fallos de ese tribunal arbitral no son ejecutables, por lo que los beneficiarios deben presentarse ante la Justicia para que sean reconocidos y se puedan cobrar mediante embargos en caso de que el país no pague.
En la presentación ante Preska, los abogados de Burford le solicitaron a la jueza Loretta Preska que autorice el uso de material confidencial utilizado en su corte para la demanda que llevarán al tribunal del Banco Mundial, precisó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril.
En paralelo, los fondos demandantes presentarán una apelación antes del 8 de mayo para insistir con que el caso sea revisado por un plenario de la Corte de Apelaciones de Nueva York.
Ese fallo dejó sin efecto la condena por US$16.100 millones contra la Argentina. También confirmó la desestimación de las demandas contra la propia YPF, en línea con la decisión del tribunal de primera instancia.
Por la estatización del 51% de las acciones de YPF, ya hubo una presentación en el CIADI. Repsol -quien comandaba la petrolera local- recurrió a esa instancia. El proceso fue cerrado en 2014 tras el acuerdo de compensación por US$5000 millones que estableció el gobierno de Cristina Kirchner para la empresa española.
Si bien la mayoría de los casos se iniciaron hace más de una década, la Argentina tiene varios frentes abiertos en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Sin embargo, esos laudos no son ejecutables. Por lo tanto, sus beneficiarios deben recurrir a la justicia para que sean reconocidos y se puedan cobrar mediante embargos en caso de que el país no pague.
En ese contexto, el país tiene desde 2019 un laudo en contra en el CIADI que fue ratificado por la justicia estadounidense por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.
El pago, entre capital e intereses, asciende a unos los US$390 millones. Si bien en un momento se anunció un acuerdo entre la Argentina y los acreedores, el fondo Titan Consortium, finalmente el país decidió proseguir con la apelación del fallo de ejecución.
Además, el CIADI condenó a la Argentina a pagar US$716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos en la represa de Alicurá; y otros US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario–Victoria.
Otro caso es el de la empresa Mobil Exploration, que tiene un laudo a favor en el CIADI por US$196 millones. La petrolera también reclamó por los perjuicios que generó sobre sobre sus negocios gasíferos la pesificación de inicios del siglo XXI.
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