La Justicia consideró acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la presunta autoría del delito de amenazas en un contexto de violencia de género. Además, dispuso restricciones de acercamiento y contacto por 180 días.
22:14 | Miércoles 08 de Julio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Gisela Flamini, resolvió procesar a un hombre acusado del presunto delito de amenazas contra su expareja, en el marco de una causa por violencia de género. La magistrada también ordenó mantener medidas de protección para resguardar a la denunciante.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la mujer, quien relató una serie de episodios ocurridos en septiembre de 2024. Según la acusación, el imputado habría protagonizado hechos de violencia dentro del domicilio familiar, ocasionando daños en el mobiliario y agrediendo físicamente a la víctima. Días después, pese a las restricciones vigentes, habría regresado a la vivienda y proferido amenazas de muerte, situación que motivó una nueva intervención policial.
Para adoptar la resolución, el Juzgado valoró informes psicológicos que reflejan indicadores compatibles con un contexto de violencia de género, un informe elaborado por la Secretaría de la Mujer y de la Diversidad, y el testimonio de la denunciante, considerado consistente y sin contradicciones relevantes durante toda la investigación. La jueza recordó que este tipo de causas deben analizarse con perspectiva de género, conforme a la legislación vigente y a los tratados internacionales en la materia.
Como parte de la resolución, se dispuso la prohibición de acercamiento del imputado a menos de 300 metros de la víctima, la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto por medios personales, telefónicos o digitales y el cese de todo acto de hostigamiento por el plazo de 180 días. Además, se ordenó trabar embargo sobre bienes del acusado para garantizar las eventuales responsabilidades económicas que pudieran surgir del proceso.