16:00 | Jueves 16 de Julio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En ese contexto se dio la operación que protagonizó Libersohn en La Rioja. El rabino vivía entonces en Buenos Aires y conocía el mercado argentino porque llevaba años vendiendo alimentos kosher a través de la compañía MercoKosher. En 2008, pagó 650 mil dólares por 200 mil hectáreas de tierra en la zona de Valle Hermoso, que incluían una población, tierras fiscales y particulares, reservas de agua dulce, áreas aptas para cultivo y explotación minera y hasta escuelas. Libersohn acusó entonces a funcionarios provinciales de haberle exigido sobornos para validar la operación.
El caso generó un escándalo nacional a partir de un informe de Telenoche Investiga y llevó a Libersohn a presentar una denuncia ante la Corte Federal de Nueva York, que finalmente quedó en la nada. En julio de 2010, el Ministerio del Interior de la Nación, entonces a cargo de Florencio Randazzo, intervino para suspender la operación, impulsó una investigación sobre el procedimiento y denunció “irregularidades” en los trámites y boletos de compraventa.
El episodio fue recordado por el senador riojano Fernando Rejal el 8 de abril, cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, concurrió al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para presentar el proyecto que el Gobierno denominó de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
“¿Cuáles son los intereses que usted defiende?”, le preguntó Rejal a Sturzenegger, tras relatar la venta de tierras en su provincia en un remate del Banco Nación. “Un rabino norteamericano compró un pueblo entero con la gente adentro, la iglesia, la escuela, las casitas. Cuando se habla con tanta liviandad a por qué se le puso límite a la extranjerización de la tierra, hay que conocer un poco más. A usted capaz no le interesa entregar la soberanía, pero a muchos sí nos interesa”, le dijo Rejal al ministro.
Qué dice la ley de tierras y qué pretende Javier Milei
La ley 26.737, que se aprobó en diciembre de 2011 con el apoyo de un apoyo transversal en el Congreso estableció diferentes límites a la compra de tierras:
-Solo hasta el 15% del total de las tierras rurales del país puede estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
-No más del 30% de ese porcentaje puede pertenecer a personas de una misma nacionalidad extranjera.
-Se fijaron topes de extensión por titular extranjero, con un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola o sus equivalentes.
-Se prohibió la titularidad extranjera sobre tierras que contuvieran o lindaran con cuerpos de agua de relevancia.
Milei intentó darle un primer golpe a la ley en diciembre de 2023, con el polémico DNU 70/2023, que directamente incluyó su derogación. La medida quedó congelada en enero de 2024, cuando el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex-Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y suspendió preventivamente el artículo 154 del DNU. El fallo fue ratificado el 21 de marzo de 2024 por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que reconoció la legitimación de la entidad de excombatientes para litigar en defensa de la soberanía nacional. El Estado nacional apeló la decisión. Desde entonces, el expediente se encuentra a la espera de una resolución definitiva de la Corte Suprema.
En paralelo, el Gobierno hizo un nuevo intento para arrasar con la norma, esta vez mediante el envío del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que elimina las restricciones en el acceso a la tierra por parte de extranjeros, simplifica los desalojos, introduce cambios en la ley del manejo del fuego, que protege los bosques nativos.
Fuente: LETRAP