Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno abrió la licitación y fijó obras por al menos US$800 millones

18:03 | Jueves 20 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El Gobierno puso en marcha el proceso para pasar a manos privadas la operación de Belgrano Cargas y Logística, una de las empresas ferroviarias que había sido incluida entre las compañías sujetas a privatización por la Ley de Bases. El esquema contempla la separación de la compañía en distintas unidades de negocio y una concesión por 50 años de las vías y los terrenos aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

La licitación fue autorizada formalmente por la resolución 1350/2026, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, y se realizará a través de la plataforma Contrat.Ar. El llamado contempla la concesión de las vías, los talleres ferroviarios, el material rodante de cada línea y los inmuebles aledaños.

El proceso seguirá el 11 de noviembre, cuando se abrirán las ofertas. Luego se dará un período de diez días hábiles para la publicación del llamado y el 28 de octubre es la fecha límite para realizar consultas sobre los pliegos. La expectativa oficial es adjudicar las concesiones y concretar la transferencia de la operación durante 2027.

En cuanto al esquema de competencia por peaje, el proceso indica que los operadores ferroviarios podrán utilizar la infraestructura mediante el cobro de un peaje, cuya tarifa funcionará bajo un sistema de bandas de referencia. Sobre este punto, los oferentes deben fijar su techo máximo a cobrar y aquellos que ofrezcan un monto más bajo mejorarán su puntaje para ser elegidos en la licitación.

Otro de los puntos centrales del proceso será el compromiso de inversión que deberán asumir los futuros concesionarios. El plan de obras obligatorias implica una inversión mínima de alrededor de US$800 millones para las tres líneas. El concesionario tendrá los primeros cinco años desde la toma de posesión para completar esas obras.

Además de esos proyectos, las empresas podrán ofrecer inversiones adicionales u obras optativas. Esas propuestas otorgarán puntaje durante la evaluación y podrán mejorar la posición del oferente frente a sus competidores. El Gobierno busca que cada compañía pueda definir dónde le resulta más conveniente invertir para captar carga y mejorar la utilización de la infraestructura.

El mecanismo funcionará de la siguiente manera: el concesionario deberá conseguir el financiamiento necesario para ejecutar las obras y, a medida que avance y complete los trabajos, podrá recibir los desembolsos correspondientes del fideicomiso.

Sumado a esto, los oferentes podrán solicitar su adhesión al RIGI, pero deberán definirlo desde la presentación de la oferta. El pliego establece que el interesado tiene que manifestar expresamente su intención de adherir al régimen y elaborar su modelo financiero contemplándolo. No obstante, la adhesión no será automática. La viabilidad de las inversiones que pretendan ser consideradas bajo el régimen deberá ser evaluada por el Comité Evaluador de Proyectos RIGI y la autoridad de aplicación.

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Por último, el pliego contiene un artículo que indica que no están habilitadas para ser oferentes las “empresas estatales o provinciales, o estén sujetos a control, directo o indirecto, de Estados soberanos, sus subdivisiones territoriales, políticas y/o administrativas, sus órganos, entes u organismos estatales, así como de empresas o sociedades de titularidad estatal”. Este apartado fue considero como una clásula “anti-China”.

En relación con las proyecciones para la actividad, actualmente se estima que menos del 5% de la carga del país se transporta por tren, mientras que el objetivo de largo plazo debería ubicarse entre 20% y 25%. En tanto, cerca del 80% de la carga ferroviaria actual corresponde a cereales.