El gobernador creó un régimen provincial para usuarios de créditos de consumo, con mayores controles y herramientas de protección. El decreto también establece por 180 días una emergencia económica, crediticia y social vinculada a estas operaciones.
19:59 | Jueves 20 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El gobernador Ricardo Quintela firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 1293/2026, mediante el cual el Gobierno de La Rioja establece un nuevo régimen provincial destinado a proteger a las personas que acceden a créditos de consumo y prevenir situaciones de sobreendeudamiento y prácticas abusivas.
La medida surge ante el crecimiento de los casos en los que familias recurren a préstamos para afrontar gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, servicios y otras necesidades básicas. Desde el Ejecutivo provincial plantearon que la situación económica de los hogares no debe ser utilizada para imponer condiciones desproporcionadas.
El nuevo régimen incorpora mayores exigencias de información para las entidades que otorgan créditos, mecanismos de registro y fiscalización y herramientas para intervenir ante posibles prácticas abusivas. También contempla instancias de conciliación destinadas a buscar alternativas para quienes atraviesen situaciones de endeudamiento que se hayan vuelto difíciles de sostener.
Emergencia por 180 días
Uno de los puntos centrales del DNU es la declaración, por un plazo de 180 días, de la emergencia económica, crediticia y social vinculada con las operaciones de crédito para consumo.
Durante ese período se establecen medidas transitorias orientadas a facilitar la revisión y refinanciación de determinadas obligaciones, con el objetivo de evitar que las deudas generen consecuencias económicas y sociales consideradas irreparables para las familias.
Desde el Gobierno provincial aclararon que la medida no implica desconocer las deudas ni impedir la actividad financiera legítima, sino establecer mecanismos de intervención frente a situaciones de abuso, falta de información o condiciones que puedan resultar desproporcionadas.
“La necesidad de una familia no puede convertirse en una oportunidad para el abuso”
El Ejecutivo provincial sostuvo que el Estado debe garantizar reglas claras y transparencia cuando una persona solicita un crédito en un contexto de necesidad económica.
“Cuando una familia se endeuda para sostener necesidades básicas, no puede quedar sola frente a condiciones abusivas. El Estado tiene que estar presente para proteger el salario, cuidar los ingresos familiares y garantizar que ninguna situación de necesidad sea utilizada para someter o perjudicar a las personas”, señalaron desde el Gobierno.
Con la implementación del DNU, la Provincia busca reforzar los mecanismos de protección de los consumidores de créditos, aumentar los controles sobre las operaciones y generar alternativas para las familias que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.
La medida se incorpora así a la política provincial de intervención frente a los efectos de la crisis económica, con eje en la protección de los ingresos familiares y el acceso a relaciones de consumo más transparentes.
