La justicia federal investigará a “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito por su cargo en el CEAMSE

La justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito como titular de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), empresa pública que gestiona los residuos del AMBA.

La denuncia, que presentó en abril pasado el empresario Guillermo Tofoni -enfrentado a Tapia-, indica que el dirigente tuvo un incremento del 1.000 por ciento de su patrimonio entre 2017 y 2024 y cuando ocupaba un cargo en el CEAMSE, del que hoy es su presidente.

La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió este martes que el caso debe ser investigado por la justicia federal y no por la penal de la ciudad de Buenos Aires, tras una disputa entre las dos jurisdicciones. El caso estará a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien en 2021 cerró una causa contra Tapia por irregularidades en contratos firmados por la AFA. En ese expediente también fue sobreseído Tofoni.

Esta es la primer causa judicial sobre el patrimonio de Tapia y su rol como funcionario público. El resto de los expedientes que afronta es por la AFA. Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida por no pagar impuestos de la entidad. También son investigados por el manejo de los fondos de la asociación en el extranjero, por presunto uso de facturas falsas y por la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero.

Muchas de esas denuncias las presentó Tofoni, dueño de World Eleven, empresa que tenía un contrato con la AFA para la organización de partidos amistosos de la selección argentina y que fue dado de baja por la gestión de Tapia.

Tofoni denunció en abril pasado a Tapia por presunto enriquecimiento ilícito como funcionario del CEAMSE. En esa empresa pública mixta entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Tapia fue designado en 2014 como vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la ciudad. Estuvo en el cargo hasta 2024 cuando asumió como presidente del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El empresario planteó en su denuncia un análisis de las declaraciones juradas que Tapia presentó todos los años como funcionario público.

"El crecimiento real de la liquidez entre 2017 y 2024 fue de aproximadamente el 1.000%. Increíble, un mago. Representó un incremento patrimonial que excede con creces cualquier índice inflacionario del período y que no encuentra correlato en los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso", sostuvo Tofoni en su denuncia.

Allí analizó que en 2017 Tapia declaró un patrimonio de cuatro propiedades con un valor fiscal de 17 millones de pesos, un vehículo y 1,5 millones de pesos. "El salto patrimonial más intenso en materia inmobiliaria se produjo en 2019", explicó el empresario y resaltó que Tapia compró cuatro propiedades en zonas de alto valor de mercado de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

"La declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2024 revela un universo radicalmente distinto al de 2017. El documento consigna: más de $1.002 millones en depósitos en múltiples cuentas bancarias -entre ellas una cuenta corriente con más de $517 millones-, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial. El total en liquidez asciende aproximadamente a un millón de dólares", resaltó y agregó que en la última declaración jurada de 2025, Tapia señaló que no tiene dinero en efectivo.

La denuncia también analizó los ingresos declarados por el dirigente: 100.233.144 de pesos anuales como presidente del CEAMSE y 718.536.500 de pesos anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA es ad honorem.

El caso fue presentado en la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Pero tanto la fiscalía como el juzgado señalaron que el CEAMSE es un órgano interjurisdiccional que excede el ámbito porteño y por lo tanto la causa le corresponde a la justicia federal.

Así el caso llegó a Comodoro Py y por sorteo le tocó al juzgado de Lijo. El fiscal Gerardo Pollicita entendió que la causa debía volver a la justicia de la ciudad pero el juez se opuso e intervino la Cámara Federal.

En esa instancia, el fiscal José Agüero Iturbe entendió que el caso le correspondía a Comodoro Py porque la denuncia excede el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Con esa postura se cayó la apelación y la causa quedó a cargo del juez Lijo. Por esa pelea entre los juzgados en el expediente todavía no se hicieron medidas de prueba.