Patricia Bullrich dijo estar "sorprendida" por los cambios en discapacidad y pidió "corregirlo"

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró este jueves que los cambios en discapacidad, incluidos en el Presupuesto 2027, “no fueron discutidos” en la mesa política del Gobierno y aseguró estar “sorprendida”.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz, y llegó el presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad, que no eran conocidos”, enfatizó la legisladora, con relación a las reformas propuestas en el sector que generaron un fuerte cuestionamiento de la oposición.

“No, yo no sabía, o quedás como un tonto o quedás como los que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, planteó Bullrich

“Nosotros somos revisora en el caso del presupuesto, así que esperaremos a ver qué llega a senadores para poder saber. No tanto qué es lo que se está discutiendo ahora, sino qué llega, porque, bueno, parece que está bastante peliaguda la discusión, esperemos como la ordenan”, concluyó.

Cuáles son los cambios en discapacidad en el Presupuesto 2027

En el presupuesto el Gobierno fijó una serie de cambios en el régimen de discapacidad que modifican el sistema de pensiones, el esquema de prestaciones y la forma en que se determinan los aranceles que reciben los prestadores. Las modificaciones están concentradas principalmente entre los artículos 36 y 41 de la iniciativa y afectan disposiciones de las leyes 24.901 y 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad.

Uno de los principales cambios está en las pensiones no contributivas. El artículo 36 reemplaza el esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y vuelve a denominarla Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. A su vez, el artículo 37 establece que el beneficio será incompatible con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado, es decir, también alcanzaría a quienes estén registrados como monotributistas. De esta manera, se elimina la posibilidad actualmente contemplada de mantener la pensión cuando existe un empleo registrado con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

El otro cambio central está en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El artículo 39 modifica la Ley 24.901 y determina que el nomenclador dejará de incluir “valores universales”. En el esquema vigente, existe un arancel común para las prestaciones que deben cubrir el Estado, las obras sociales, las prepagas y otros financiadores. Con la nueva redacción, cada ente obligado determinaría los valores en su relación con los prestadores. Para las prestaciones a cargo del Estado nacional, los aranceles serían fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad; si esa actualización no se realiza en término, se tomaría como referencia el IPC del INDEC. También se elimina el mecanismo de actualización automática vinculado a la movilidad jubilatoria.

El impacto sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, las partidas presupuestarias y el rechazo opositor

El proyecto también modifica el alcance de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793. En particular, deroga los artículos 5, 8, 9 y 14. Entre otras cuestiones, esto elimina la definición y el esquema de protección incorporados por la emergencia, deja sin efecto la disposición que garantizaba la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones no contributivas y elimina el mecanismo de traspaso automático de quienes ya tenían una pensión al nuevo régimen de protección social. También desaparece el artículo que había incorporado a la Ley 24.901 el principio de igualdad de aranceles y su mecanismo de actualización.

En materia presupuestaria, el proyecto prevé para 2027 $6,094 billones para el programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y otros $1,165 billones para la atención médica de sus beneficiarios. El financiamiento de las medidas vinculadas con la emergencia quedaría atado a partidas específicas del Ministerio de Salud y, si resultaran insuficientes, el Ejecutivo podría realizar compensaciones presupuestarias con créditos de Obligaciones a Cargo del Tesoro destinados a Salud y Seguridad Social.

El proyecto generó un fuerte descontento de bloques opositores porque se venía trabajando en un proyecto alternativo que contemplaba la continuidad de la emergencia en discapacidad, con principios de entendimiento entre los libertarios y los bloques opositores.