Presupuesto 2027: el Gobierno revisará los fondos destinados a Discapacidad y Universidades tras la presión de los bloques aliados

21:32 | Viernes 18 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El Gobierno está dispuesto a negociar más fondos para Universidades y Discapacidad durante el tratamiento del Presupuesto 2027. En la Casa Rosada aseguran que buscarán acercar posiciones con aliados, rectores y sectores involucrados, aunque pretenden hacerlo sin abandonar el objetivo de equilibrio fiscal.

En Discapacidad, el Ejecutivo busca retomar la negociación que había comenzado antes de que se conociera el proyecto de Presupuesto. Funcionarios admiten que los cambios incluidos en el texto desordenaron las conversaciones que el oficialismo mantenía con el PRO, la UCR y otros bloques para acordar una alternativa a la prórroga de la emergencia.

La posición que ahora impulsan sectores de la Casa Rosada es evitar extender la Emergencia Nacional en Discapacidad durante 2027 y negociar a cambio un refuerzo de fondos y modificaciones al esquema permanente. Cerca del armado legislativo aseguran que están dispuestos a ceder recursos para alcanzar un texto común con los aliados.

El Gobierno sostiene además que cumplirá la ley vigente mientras continúe en vigor, aunque pretende modificar parte de ese régimen para el año próximo. La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y permite prorrogarla por otro año. También incorporó nuevas pensiones, compensaciones para prestadores y cambios en el sistema de prestaciones.

Uno de los puntos centrales es el nomenclador. La legislación vigente establece valores iguales para los distintos obligados del sistema y una actualización periódica, mientras que el Presupuesto propone eliminar ese esquema universal y permitir que cada financiador determine sus valores sobre la base de un piso.

Esa modificación quedó en revisión después del conflicto interno que provocó su incorporación al proyecto. Diputados libertarios venían trabajando con los aliados sobre otra salida y ahora buscan volver a esa negociación, mantener parte de las compensaciones reclamadas por los prestadores y definir qué artículos del Presupuesto quedarán finalmente en pie.

La discusión tiene además una dimensión presupuestaria concreta. Los aliados reclaman, entre otros puntos, que se atienda la compensación correspondiente al atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, prevista en la reglamentación de la emergencia. El Gobierno habilitó este año un mecanismo específico para que los prestadores presenten esas solicitudes.

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En paralelo, la Secretaría Nacional de Discapacidad mantiene las actualizaciones mensuales del nomenclador. Este viernes oficializó una suba del 1,7% para septiembre, calculada sobre el IPC de agosto, y ratificó el adicional del 20% para la zona patagónica. La medida se dictó bajo el régimen que el propio Presupuesto propone modificar hacia 2027.

En Universidades, la estrategia oficial es distinta. La Casa Rosada está dispuesta a elevar los fondos previstos en el Presupuesto para buscar un punto intermedio con las universidades y utilizar ese acuerdo como parte de una salida al conflicto que actualmente también se tramita en la Justicia.

El proyecto fija $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional calcula necesidades cercanas a $11 billones. La diferencia ronda los $3,65 billones y será uno de los ejes centrales de la negociación parlamentaria.

En Nación no plantean aceptar de manera automática la cifra del CIN. La estrategia es negociar un monto superior al enviado originalmente y buscar que ese acuerdo sea reconocido por las universidades como suficiente para reencauzar la disputa judicial. La negociación, admiten cerca del Ejecutivo, será extensa.

El punto judicial es central. La Ley 27.795 estableció mecanismos de recomposición salarial y actualización del financiamiento universitario, pero el Gobierno y las universidades mantienen interpretaciones diferentes sobre cuánto debe pagarse y con qué partidas. La UBA sostiene que el Presupuesto enviado no contempla el cumplimiento integral de la ley ni de las decisiones judiciales que reclama.

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La intención oficial es que un acuerdo incorporado al Presupuesto permita modificar el escenario que dio origen a las cautelares. En el Ejecutivo sostienen que uno de los problemas fue que no existían partidas suficientes para ejecutar el gasto reclamado y que una asignación acordada por el Congreso podría ser presentada ante la Justicia como una nueva circunstancia. Eso no implica que el Gobierno pueda dejar sin efecto por sí solo una cautelar: cualquier cambio deberá tramitarse dentro del expediente judicial.

La Casa Rosada busca así utilizar el Presupuesto como el principal ámbito para resolver dos conflictos que hoy siguen abiertos por vías diferentes. En Discapacidad, el objetivo es acordar fondos y un nuevo régimen sin prorrogar la emergencia; en Universidades, pretende acercar el monto presupuestario a los reclamos y reducir el frente judicial.

La negociación comenzará sobre textos que hoy están lejos de las posiciones de los sectores involucrados. El Gobierno admite que deberá conceder recursos en ambos capítulos, pero todavía no definió los montos finales ni qué modificaciones aceptará. La intención es llegar a acuerdos durante el tratamiento en Diputados antes de que ambas discusiones vuelvan a convertirse en derrotas legislativas o profundicen los conflictos judiciales.