El abogado Alejandro Cruz Antúnez analizó el fallo de una jueza porteña que declaró inconstitucional la aplicación de la nueva normativa en un caso particular y defendió la vigencia del Régimen Penal Juvenil.
19:13 | Miércoles 23 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fenix, el abogado Alejandro Cruz Antúnez analizó la reciente decisión judicial que declaró inconstitucional, para un caso particular, la aplicación de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La Ley 27.801 establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 hasta antes de cumplir los 18 años.
El letrado sostuvo que la normativa debe ser aplicada por los órganos judiciales y cuestionó que se recurra a la declaración de inconstitucionalidad a partir de una interpretación particular del contexto social y familiar del adolescente.
“La ley no es un germen que causa un problema. La ley es lo que trata de solucionar el problema”, afirmó Cruz Antúnez.
El abogado señaló que el nuevo régimen no establece únicamente medidas de privación de libertad, sino que contempla alternativas y medidas orientadas a la educación y resocialización de los adolescentes. La propia Ley 27.801 establece como finalidad fomentar la responsabilidad legal, la educación, la resocialización y la integración social.
El fallo y la apelación
El caso al que hizo referencia el especialista ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y tuvo como protagonista a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional la aplicación de la baja de la edad de punibilidad para ese caso y dispuso el sobreseimiento del joven. La resolución no suspendió la vigencia general de la ley.
Cruz Antúnez destacó que la resolución fue apelada y deberá ser revisada por una instancia superior. “La fiscalía con buen tino apeló y la resolución dictada por esta jueza está en la Cámara de Apelaciones”, sostuvo.
En ese marco, consideró que el debate debe centrarse en la aplicación e interpretación de la norma y no solamente en la situación particular del adolescente involucrado.
“La ley está para cumplirse y creo que la ley está bien hecha”, afirmó.
El nuevo Régimen Penal Juvenil fue sancionado en febrero de 2026 y promulgado en marzo. En septiembre, además, el Gobierno nacional aprobó su reglamentación mediante el Decreto 875/2026, que estableció mecanismos para su implementación y coordinación con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires.
El rol de la familia y la educación
Durante la entrevista, el abogado también vinculó la problemática de la delincuencia juvenil con el rol de las familias, la educación y el Estado. Sostuvo que la respuesta penal debe complementarse con medidas destinadas a la resocialización y la educación de los adolescentes.
“La detención es la última ratio, es la última fuente a la cual recurre la Justicia”, explicó, al remarcar que el régimen contempla distintas alternativas antes de recurrir a una medida privativa de la libertad.
Cruz Antúnez también abordó el uso de teléfonos celulares por parte de niños y adolescentes y planteó la necesidad de discutir su impacto en la educación, la concentración y la atención. En ese sentido, consideró que las familias y las instituciones educativas tienen un papel central en la formación de los menores.
