El abogado sostuvo que la implementación del nuevo régimen requiere inversión, infraestructura y personal capacitado, y remarcó la necesidad de informar a las familias sobre las nuevas responsabilidades de los adolescentes.
20:06 | Viernes 25 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fenix, el abogado Nahuel Pérez Schoeters analizó la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y manifestó su preocupación por las condiciones del sistema para afrontar el nuevo escenario. La Ley 27.801 establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, mientras que su reglamentación contempla mecanismos de articulación entre Nación y las jurisdicciones provinciales.
Pérez Schoeters consideró que uno de los principales desafíos está relacionado con la preparación del sistema judicial y la disponibilidad de recursos. “Sin mencionar, como bien dice usted, toda esa falta de inversión que hay en el sistema judicial, que tampoco genera una situación para que un chico que sea detenido esté en un contexto de seguridad y que esté reinsertado como corresponde”, afirmó.
El abogado también manifestó preocupación por el desconocimiento que, según su percepción, existe en parte de la sociedad respecto del nuevo régimen y sus alcances. “No se ha tomado dimensión de este nuevo contexto social en el que están los jóvenes inmersos y que la familia va a tener que levantar la bandera y poner el hombro para resguardar un poco a sus hijos”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que determinadas situaciones que anteriormente podían ser consideradas simplemente como peleas entre jóvenes pueden derivar en una investigación penal cuando configuren un delito. “Lo que antes era común, alguna pelea en una escuela o en alguna salida en la noche, qué sé yo, que se lo veía como algo normal, hoy en día es algo totalmente imputable”, señaló.
La normativa establece que el régimen alcanza a adolescentes de 14 a 18 años cuando sean imputados por hechos tipificados como delitos y fija como finalidad fomentar la responsabilidad por los actos, además de promover la educación, resocialización e integración social.
Pérez Schoeters planteó que la aplicación del nuevo sistema debe involucrar tanto al Estado como a las familias. “Esto es un contexto que tiene que trabajar conjuntamente el Estado por su lado con representación institucional, seriamente, informando bien las medidas que se van a tomar, las consecuencias de los actos de los jóvenes”, afirmó.
Además, señaló que los adolescentes privados de su libertad requieren dispositivos adecuados y diferenciados. La reglamentación nacional contempla capacitación especializada de los operadores, articulación entre organismos y jurisdicciones y mecanismos específicos para la implementación del régimen.
El abogado insistió en la importancia de que las familias también conozcan las responsabilidades que implica el nuevo escenario. “Los padres, las madres saben lo que es un delito, o por lo menos deberían saberlo dentro de todo, al criar un hijo, lo que está bien y lo que está mal”, expresó.
Finalmente, Pérez Schoeters remarcó que la implementación del Régimen Penal Juvenil representa un desafío que excede a la Justicia y requiere un trabajo conjunto entre las instituciones y las familias. “La mejor escuela, la mejor forma de enseñar es desde la casa”, concluyó.
