Malvinas en Hamburgo, trabada en Diputados: la Ley de Soberanía sigue sin dictamen

21:40 | Miércoles 14 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sumó este miércoles su cuarto plenario en Diputados y no consiguió consensos para dictaminar.

El oficialismo había fijado la fecha de este miércoles para firmar despacho y llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre, pero la reunión de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto terminó como una jornada informativa más. El presidente de la comisión de Defensa, el libertario Carlos Zapata, anticipó que habrá una nueva convocatoria para el debate entre diputados.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno anunció que la Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para frenar la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, en la Cuenca Norte de las islas.

Mientras Cancillería llevaba la causa Malvinas a un tribunal internacional, en el Congreso la ley que el oficialismo presenta como su herramienta soberana seguía sin las firmas necesarias.

La reunión contó con uno solo de los invitados para exponer. De parte del Ejecutivo, hasta ahora la única funcionaria de rango que fue al Congreso a defender el proyecto es la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

Este miércoles, quien llevó adelante su exposición fue Marcelo De los Reyes, doctor en Relaciones Internacionales, que cuestionó la oportunidad del proyecto: “Luego de casi tres años sin usar las herramientas legales que disponía el gobierno (...) ha tenido un brote de patriotismo con este proyecto”, ironizó.

Y sostuvo que el país ya cuenta con leyes de defensa, seguridad interior, hidrocarburos y pesca, por lo que no hace falta una norma nueva que, a su juicio, “bajo el pretexto de la defensa de la soberanía nacional parece esconder otros objetivos”.

Por qué se demora el dictamen de la Ley de Malvinas

Las críticas de los diputados apuntaron a lo mismo: el proyecto usa Malvinas como bandera, pero su núcleo está en otra parte. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, recordó que de los 133 artículos, apenas unos 40 “aluden más o menos a las Malvinas”, y afirmó que “el corazón de este proyecto tiene que ver con el control social y político”.

Esteban Paulón, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de usar la cuestión Malvinas “como fronting” y advirtió que, pasados los primeros 33 artículos, el tema desaparece y aparece el Consejo de Seguridad Nacional, donde “el presidente con cinco funcionarios se arrogan función judicial, función parlamentaria”.

Eduardo Falcone (MID) planteó una objeción puntual sobre el protocolo que habilita al Presidente a derribar aviones o hundir buques considerados hostiles. “¿Qué pasa si hay un buque militar inglés y el presidente cumple todos los pasos protocolares que prevé la ley de defensa y lo hunde?”, preguntó, y propuso que esas decisiones requieran autorización del Congreso.

El artículo que une a críticos y aliados

Uno de los puntos que concentra el rechazo es el artículo 111, que incorpora al Código Penal la figura de influencia extranjera indebida.

Prevé de 5 a 12 años de prisión para quienes, con fondos o instrucciones de actores de otros países, financien o coordinen campañas de desinformación masiva, intervengan para alterar el funcionamiento de las instituciones o influyan en elecciones.

Varios bloques piden eliminarlo, entre ellos dialoguistas y la UCR, con el argumento de que la redacción es tan amplia que podría alcanzar a la libertad de prensa y de expresión.

Ibarzábal Murphy había salido a defenderlo con antecedentes internacionales: leyes de Australia de 2018, con penas de hasta 20 años; del Reino Unido de 2023, con hasta 14; de Canadá y Noruega de 2024, y de Nueva Zelanda de 2025. Sostuvo que la figura “no criminaliza la difusión falsa, el error periodístico, ni mucho menos la cooperación internacional”.

El caso local que citó fue la llamada Operación Quito, una supuesta maniobra británica de desinformación vinculada a elecciones argentinas.

Qué está dispuesto a ceder el Gobierno

En su exposición de la semana pasada, la secretaria admitió que el texto tiene “fallas técnicas” y abrió la puerta a una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional, que funcionaría bajo la conducción directa de Javier Milei.

Ante un planteo de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), también aceptó revisar el carácter no suspensivo de los recursos contra las sanciones, y sugirió que el Consejo pueda convocar a gobernadores y presidentes de comisiones del Congreso como miembros no permanentes.

La oferta no alcanza. Los aliados reclaman que el Consejo, que integrarían el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica, no quede en manos exclusivas del Ejecutivo. Según pudo saber MDZ, el oficialismo negocia sobre cuatro ejes: acotar el proyecto sin dividirlo, revisar el artículo 111, redefinir la autoridad de aplicación del régimen sancionatorio y precisar qué se entiende por infraestructura crítica.

La oposición insiste en dividir el proyecto

El límite del Gobierno es justamente el que reclama la oposición. Ibarzábal Murphy fue tajante en su exposición: el Título I “es vital” y separar Malvinas de la defensa integral de la soberanía sería “un error conceptual”.

Ese primer título, de 40 artículos, es el que tiene acuerdo parcial: deroga la Ley 26.659 y crea un régimen más amplio de multas, inhabilitaciones y prisión para quienes exploten recursos en la zona sin autorización argentina. El resto reforma defensa, seguridad, inteligencia y derecho penal.

Ley de Tierras: el proyecto que el oficialismo sí logró destrabar

Mientras Malvinas se quedaba sin firmas, en el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General el oficialismo sí consiguió dictamen para la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El texto suma un cuarto capítulo con dos artículos: el 38 deroga el artículo 154 del DNU 70/23, que había eliminado los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, y el 39 restablece la Ley de Tierras Rurales.

Así, el Gobierno que derogó esa norma por decreto termina firmando su vuelta dentro de un proyecto de Federico Sturzenegger.

El dictamen de mayoría reunió las firmas de LLA, el PRO, la UCR y el santafesino José Núñez, de Provincias Unidas, cuya incorporación al plenario la oposición cuestionó porque se tramitó a las apuradas, horas antes de la reunión.

Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con el apoyo de los misioneros Alberto Arrúa y Yamila Ruiz, de Argentina Federal, y Maximiliano Ferraro firmó un tercero junto a cuatro diputados de Provincias Unidas.

La jugada piensa en la sesión que la oposición convocó para este jueves para rechazar el DNU 70/23. El decreto solo puede voltearse completo y los números para el quórum todavía siguen ajustados.