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El defensor general advirtió en Fénix que la normativa nacional no contempla las realidades del interior del país y expresó su preocupación por una posible criminalización de sectores vulnerables. Aclaró que, pese a su postura, la ley debe cumplirse.
Viernes 16 de Octubre de 2026
09:44 | Viernes 16 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El defensor general adjunto de La Rioja, Martín Yoma, cuestionó la implementación del nuevo régimen penal juvenil que contempla la responsabilidad penal desde los 14 años y advirtió sobre las consecuencias que podría generar su aplicación en provincias con realidades sociales diferentes a las de los grandes centros urbanos.
En diálogo con Fénix, el funcionario judicial manifestó su rechazo a la normativa nacional y sostuvo que las modificaciones requieren una importante adecuación institucional y procesal en las provincias.
“Yo estuve totalmente en contra. Estoy total y absolutamente en contra”, afirmó al ser consultado sobre su posición respecto de la nueva legislación.
Yoma aclaró que su cuestionamiento no implica desconocer la vigencia de las leyes, sino plantear reparos jurídicos y sociales sobre su contenido.
“Esto no significa que no se respeten las leyes”, explicó, y señaló que cualquier discusión sobre su validez deberá desarrollarse por las vías legales correspondientes, especialmente en relación con los tratados internacionales.
Uno de los principales cuestionamientos del defensor general adjunto está relacionado con las diferencias entre las realidades sociales de las provincias argentinas.
“Son legislaciones que están dictadas para otro tipo de realidad y otro tipo de idiosincrasia, no para las provincias como nuestro caso, donde tienen otras realidades”, sostuvo.
En esa línea, consideró que las decisiones legislativas nacionales muchas veces se elaboran teniendo como referencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de mayor población.
“A veces parece que se legisla solamente para Ciudad Autónoma de Buenos Aires y grandes provincias y se olvidan de la realidad del interior”, cuestionó.
Yoma también expresó su preocupación por el impacto que la aplicación del nuevo régimen podría tener sobre determinados sectores de la sociedad.
“Me preocupa porque va a haber una persecución para cierto sector socioeconómico”, advirtió.
No obstante, reconoció que existen conductas cometidas por menores de edad que deben recibir una respuesta institucional, aunque insistió en que eso no debe traducirse automáticamente en la privación de la libertad.
Respecto de la implementación del régimen, explicó que la legislación nacional establece disposiciones que deberán ser complementadas mediante adecuaciones normativas y procesales en cada provincia.
En ese marco, destacó el papel del Poder Ejecutivo para garantizar las condiciones de alojamiento y el respeto de los derechos de los adolescentes que eventualmente sean privados de libertad.
También informó que estaba prevista una reunión con defensores de toda la provincia para analizar cómo abordar la aplicación de la nueva normativa.
El funcionario hizo especial hincapié en que la detención de adolescentes debe constituir una medida excepcional y no una respuesta automática frente a una denuncia.
“En todo sistema procesal penal, la excepción a la regla debería ser la privación de la libertad”, sostuvo.
Por ese motivo, consideró que antes de disponer una detención deberán evaluarse las características de cada hecho y la posibilidad de aplicar medidas alternativas.
“No debería haber una superpoblación de menores privados de libertad frente a la aplicación inmediata de la ley”, afirmó.
Finalmente, Yoma remarcó que las instituciones provinciales deberán adecuarse a las disposiciones del régimen, respetando la Constitución Nacional, la Constitución provincial y los tratados internacionales, independientemente de las objeciones que puedan formularse sobre la legislación.
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