Según la acusación, la sociedad de la familia Kirchner facturó entre 2009 y 2016 por contratos con empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. Los fiscales cuestionaron los domicilios declarados y la cantidad de empleados.
18:11 | Lunes 26 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La segunda audiencia del juicio oral por el caso Hotesur-Los Sauces estuvo centrada en el funcionamiento de la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner y en sus vínculos comerciales con empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. El Ministerio Público Fiscal describió una firma que, según la acusación, habría operado sin una estructura administrativa propia y con una actividad concentrada en contratos de alquiler.
Los fiscales detallaron que Los Sauces facturó $25.968.042,30 entre 2009 y 2016 por acuerdos con compañías vinculadas a ambos empresarios. La exposición incluyó el análisis de los domicilios declarados, la cantidad de empleados, las propiedades involucradas y las condiciones de los contratos que generaron esos ingresos.
La interna empresarial
La fiscalía puso bajo análisis las direcciones, en sí, los domicilios de Alcorta 76 y 9 de Julio 161 que correspondían a estudios contables, además de Monte Aymond 96, la residencia particular de Máximo Kirchner. Para los investigadores, esos registros no acreditarían la existencia de una sede destinada al funcionamiento cotidiano de la sociedad.
Según los datos presentados, la firma no tuvo empleados hasta abril de 2010, incorporó a una persona en mayo de ese año y recién llegó a dos trabajadores en junio de 2015. Entre ellos figuraban Ramón Ángel Díaz Díaz, quien cumplía tareas de jardinero, y Florencia Kirchner.
El testimonio de este último fue otro de los elementos incorporados a la audiencia. El trabajador declaró que sus tareas consistían en cortar el pasto y mantener el jardín, que trabajaba para Cristina Kirchner y que desconocía dónde funcionaba la administración de Los Sauces.
Los alquileres y las propiedades
La exposición fiscal incluyó operaciones inmobiliarias en Santa Cruz y El Chaltén. Uno de los casos fue el hotel La Aldea, adquirido por $200.000, según la escritura, y valuado por el Tribunal de Tasaciones en $2.890.000. La propiedad quedó en manos de Valle Mitre, firma vinculada a Báez, que habría pagado $2.836.724 en concepto de alquileres entre 2009 y 2013.
Los fiscales también repasaron la compra de dos terrenos en Río Gallegos, transferidos a Los Sauces en 2008 por $13.500 cada uno. Las valuaciones oficiales posteriores fijaron sus precios en $821.320 y $752.700. La acusación cuestionó que empresas relacionadas con Báez construyeran en esos predios y luego alquilaran los inmuebles.
El chalet de Mascarello 441, adquirido por US$250.000, y el departamento de San José 1111, comprado por US$370.000 para Florencia Kirchner, también integraron el repaso. Sobre esta última propiedad, la fiscalía sostuvo que habría sido cedida sin el cobro de un canon de alquiler.
La acusación también incluyó contratos con Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Austral Construcciones, Valle Mitre, Inversora M&S, Álcalis de la Patagonia e IDEA. Los fiscales cuestionaron la falta de garantías, la ausencia de evaluaciones comerciales y los valores de algunos acuerdos. También señalaron presuntas irregularidades en los libros contables de la sociedad.
El Tribunal Oral Federal 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, retomará la lectura de la acusación el lunes 2 de noviembre.
