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Francia: el Gobierno cede a demandas estudiantiles y debate una ley que haría a los manifestantes responsables por los daños de una marcha

El analista internacional Gabriel Puricelli explicó que el movimiento estudiantil se amplió a universitarios, centrales sindicales y "chalecos amarillos", y cuestionó el proyecto de "responsabilidad colectiva" que se discute en la Asamblea Nacional.

Martes 27 de Octubre de 2026

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17:12 | Martes 27 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

 
En diálogo con Multiplataforma Fénix, el analista internacional Gabriel Puricelli describió la situación en Francia, donde el Gobierno "empieza a dar señales de aceptar algunas de las demandas del movimiento estudiantil". Entre ellas mencionó la contratación de más docentes suplentes en escuelas secundarias de la periferia, la revisión del mecanismo de selección para el ingreso a la universidad, que el movimiento considera discriminatorio para estudiantes de colegios con menor calificación, y un aumento presupuestario que, indicó, está "muy lejos" de los 10.000 millones de euros que exigen los estudiantes.
 
Puricelli sostuvo que el movimiento "ya no es meramente secundario": incorporó a universitarios, a dos de las principales centrales sindicales y a los "chalecos amarillos", con integrantes de las periferias de las grandes ciudades. Tras la jornada violenta del 17 de octubre, recordó, volvió a convocar a la misma cantidad de gente sin violencia el 24, por lo que "no hay evidencia de que el movimiento esté cediendo" y hay nuevas manifestaciones programadas.
 
Respecto de las medidas punitivas, explicó que en la Asamblea Nacional se discute una ley que haría a los participantes de una manifestación "colectivamente responsables" de los daños que provoquen algunos individuos. Según detalló, no endurece las penas para los vándalos, sino que establece un mecanismo de responsabilidad civil para todos los presentes, aun para quienes no participaron del saqueo. Señaló que organizaciones de derechos lo consideran abiertamente inconstitucional y opinó que la culpa colectiva es "un principio inaceptable" en cualquier Estado de derecho, un terreno "gris, muy propio de los regímenes autoritarios".

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