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Daniel Arroyo: "La Justicia está obligando al Gobierno a poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad ya"

En diálogo con Fénix, el diputado nacional celebró la orden judicial que obliga al Gobierno a implementar dicha ley de forma inmediata. Señaló que la suspensión de la norma por falta de fondos, con un impacto fiscal era injustificada

Viernes 12 de Diciembre de 2025

17:26 | Viernes 12 de Diciembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

En diálogo con Fénix, Daniel Arroyo explicó que la orden judicial para el "restablecimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad" obliga al Gobierno a ponerla en marcha de forma inmediata para todo el país. La ley, de la cual él es autor, fue votada por amplio consenso en el Congreso y, tras ser vetada y luego insistida, el Gobierno la promulgó pero la dejó suspendida mediante el artículo 2 del decreto 681, el cual el juez ahora declaró inválido.

El ex ministro detalló que el argumento del Gobierno para suspender la ley era la falta de indicación sobre el origen de los fondos. Sin embargo, Arroyo afirmó que esta postura carece de sentido común, ya que la ley no es un consejo sino una obligación. Enfatizó que el Gobierno se maneja con un presupuesto prorrogado desde 2022 y saca y pone fondos "todo el tiempo" para todas las áreas.

"Lo que le dice la justicia es de puro sentido común, [dice] si usted quiere una ley, la tiene que poner en marcha, no hay otra manera."

Arroyo subrayó que la Ley de Emergencia tiene un impacto fiscal mínimo, de apenas el 0,003% del presupuesto, y busca resolver el colapso que vive el sector. La ley se centra en tres ejes: mejorar las prestaciones (medicamentos, traslados, terapias), ordenar el acceso a las pensiones por discapacidad, y salir del maltrato institucional.

El legislador describió la crítica situación: los trabajadores de talleres protegidos, personas con discapacidad, perciben apenas $28.000 pesos por mes; un acompañante terapéutico cobra $3.000 la hora a 180 días. Además, el transportista cobra $541 por litro de nafta frente a un costo de $1.800, lo que impacta directamente en la frecuencia de los traslados esenciales. Hogares, centros de día y escuelas especiales están "todos a punto de cerrar".

Arroyo calificó la ley como de "pura humanidad" y "fuera de la grieta". Expresó su incomprensión ante la insistencia del Gobierno en suspenderla, atribuyéndolo a un mensaje a los mercados sobre su rigidez fiscal, a costa de un "nivel de dolor y de angustia impresionante" para las familias. Si bien reconoció que la ley manda a hacer auditorías para evitar problemas como las "altas por arriba del promedio" en las pensiones, insistió en que el objetivo prioritario es ejecutar la norma para "sacar la cabeza arriba del agua" al sistema.

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