En diálogo con Fénix, el abogado explicó el alcance legal de las usurpaciones de terrenos, se refirió al reciente fallo sobre las denominadas 3.000 hectáreas y remarcó la responsabilidad del Estado en el control y resguardo de las tierras públicas.
19:00 | Miércoles 17 de Diciembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El abogado Christian Matzkin se refirió al trascendido judicial que indica que la Justicia provincial ordenó el desalojo y la destrucción de las construcciones levantadas en las conocidas “3.000 hectáreas”, tierras que desde hace años fueron reconocidas como propiedad del Estado provincial. En ese marco, aclaró que cuando se habla de Estado “no se trata de un gobierno en particular, sino de bienes que pertenecen a todos los riojanos”.
Matzkin explicó que la usurpación de tierras es un delito tipificado en el artículo 181 del Código Penal y se configura cuando una persona, mediante violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad, despoja total o parcialmente a otro de la posesión o tenencia de un inmueble. “Es casi infantil la forma en que muchas veces se usurpa, creyendo que no habrá consecuencias, cuando en realidad el castigo está previsto por la ley”, sostuvo.
El letrado señaló que, actualmente, el hecho de que se trate de tierras fiscales no agrava la pena, aunque recordó que existe un proyecto en el Congreso Nacional para endurecer las sanciones cuando la usurpación recae sobre bienes del Estado. No obstante, remarcó que más allá de ese debate, la ilegalidad de la ocupación es clara.
En ese sentido, destacó la importancia de la presencia activa del Estado provincial a través de sus áreas correspondientes para fiscalizar y auditar de manera permanente las tierras fiscales. “El Estado tiene las herramientas legales suficientes para resguardar los bienes que son de todos y actuar, como ocurrió ahora, con una orden judicial que dispone el desalojo y la demolición de lo construido”, afirmó.
Matzkin también reflexionó sobre el destino de esas tierras y la falta de políticas sostenidas para su aprovechamiento. Consideró que muchas usurpaciones se producen por la ausencia de señales claras de posesión y control, lo que genera la falsa idea de que “son tierras de nadie”. En ese marco, planteó que podrían implementarse mecanismos de uso controlado, concesiones o esquemas público-privados, siempre con una fuerte presencia y supervisión estatal.
Finalmente, el abogado fue contundente al señalar que los costos derivados de los desalojos y demoliciones deberían ser afrontados por quienes usurpan. “Cuando el Estado tiene que gastar recursos en maquinaria, combustible y operativos para derribar construcciones ilegales, todo eso debería ser a costa del usurpador. De lo contrario, siempre termina pagando la sociedad”, concluyó.
