El Gobierno nacional acepta realizar retoques a la reforma laboral, pero blinda Ganancias

En la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional afina la estrategia política para avanzar con el paquete de leyes enviado al Congreso, con la reforma laboral como eje central. Tras semanas de negociaciones internas, el oficialismo admite que está dispuesto a introducir ajustes, aunque evita anticipar qué artículos podrían modificarse.

En la Casa Rosada confían en contar con los votos necesarios para aprobar la mayor parte del articulado. Sin embargo, reconocen que el cambio en el Impuesto a las Ganancias para sociedades —que impacta de lleno en la recaudación provincial— se convirtió en el principal foco de tensión con los gobernadores, incluso con aquellos alineados con la gestión de Javier Milei.

Las reuniones de la mesa política son semanales y apuntan a encontrar un equilibrio que permita sostener las modificaciones impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, sin dinamitar los acuerdos parlamentarios. Mantener una postura inflexible podría poner en riesgo toda la ley, admiten en el propio oficialismo.

Tensión entre el Gobierno nacional y las provincias

Según reveló Infobae, dentro del esquema negociador crece el malestar con los mandatarios provinciales, a quienes acusan de reclamar recursos sin acompañar el ajuste del gasto. A la vez, detectan desconfianza de las provincias sobre el cumplimiento de las promesas del Ejecutivo. “La primera parte de la ley no se toca; si hay cambios, serán menores”, deslizó un dirigente libertario.

La interna no es homogénea. Mientras un sector presiona para no conceder nada, otros funcionarios reconocen que deberán aceptar correcciones durante el debate en el recinto del Senado, previsto para el 11 de febrero, siempre que no se altere el espíritu de la norma.

A esto se suma la indefinición sobre otros temas sensibles, como discapacidad, universidades, coparticipación, subsidios energéticos y financiamiento judicial, incluidos en el capítulo que quedó fuera del Presupuesto 2026. Los negociadores más moderados advierten que no hay votos para reabrir esos debates.

Con el cronograma ajustado, el Ejecutivo busca mostrar orden interno: Patricia Bullrich articula en el Senado, Martín Menem en Diputados y Diego Santilli mantiene el diálogo con los gobernadores, bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete. En paralelo, el oficialismo planea avanzar también con el acuerdo Unión Europea–Mercosur, en un febrero legislativo que será clave para la administración Milei.