Baja de edad de imputabilidad: cuánto le costará al Estado el Régimen Penal Juvenil

El proyecto de reforma del régimen penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados con una modificación clave respecto del texto que había obtenido dictamen en 2025: el Gobierno incorporó un artículo específico que detalla cómo se financiará la implementación de la baja de edad de imputabilidad.

Se trata de la nueva redacción del artículo 51, que fija una asignación presupuestaria total de $23.739.155.303,08 para afrontar los gastos que demande la ley, y define el origen de esos fondos dentro del presupuesto nacional.

Cómo se financia el proyecto del Gobierno

Según el texto enviado al Congreso, $3.131.996.784,28 estarán a cargo del Ministerio de Justicia, con imputación a gastos en personal, mientras que $20.607.158.518,80 serán financiados por la Defensoría General de la Nación, a través de su Programa 17.

La inclusión de este esquema de financiamiento fue presentada por el oficialismo como el principal cambio del proyecto, que será tratado en comisión el miércoles y debatido en el recinto el jueves, según confirmaron fuentes parlamentarias.

Más allá de esa modificación, la iniciativa mantiene el eje central del dictamen aprobado el año pasado: la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y la creación de un régimen penal juvenil específico, con medidas socioeducativas y penas alternativas.

Qué dice el proyecto que baja la edad de imputabilidad

El proyecto elimina la posibilidad de imponer condenas de prisión perpetua y establece un máximo de 20 años de pena para menores. En los casos de adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves, prevé sanciones similares a las de los adultos, con condenas de hasta 15 años, aunque excluye el alojamiento en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o de hasta 10 años sin violencia grave, el texto prioriza medidas de carácter educativo y social, como la libertad asistida y la realización de tareas comunitarias, en reemplazo de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a cerrar la llamada “puerta giratoria” y a terminar con la impunidad de delitos cometidos por menores de 16 años bajo la ley vigente.