Reforma del Régimen Penal Juvenil: cómo funcionarían los institutos de detención para menores

El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que el Gobierno envió al Congreso introduce cambios estructurales en el sistema de detención de menores. Además de la baja de la edad de imputabilidad, la iniciativa propone crear institutos especializados para adolescentes en conflicto con la ley penal.

La propuesta elaborada por la administración de Javier Milei comenzará a debatirse esta semana en la Cámara de Diputados, frente a los fuertes cuestionamientos de la oposición sobre la decisión de fijar en 13 años la edad mínima de punibilidad.

Cómo serán los centros de detención para menores

Uno de los puntos centrales del proyecto es la obligación de alojar a los adolescentes detenidos en espacios distintos a los de la población carcelaria adulta. Para ello, se prevé la creación de institutos específicos o, en su defecto, sectores completamente separados dentro de establecimientos penitenciarios existentes.

El texto establece que los lugares de alojamiento deberán estar adaptados al tratamiento de menores y contar con personal capacitado para intervenir en situaciones propias del régimen penal juvenil. Aunque no se detallan los alcances de esa formación, se subraya la necesidad de profesionales especializados en el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley.

El objetivo principal es evitar cualquier tipo de convivencia con personas mayores de edad y garantizar condiciones acordes a la etapa de desarrollo de los detenidos.

Organización interna y criterios de alojamiento

La iniciativa fija una serie de pautas para la organización de los institutos. Los adolescentes deberán ser alojados en módulos diferenciados según su edad, estado de salud, características personales, identidad cultural y situación procesal. También se contempla la distinción entre quienes se encuentran bajo prisión preventiva y aquellos que ya cumplen una condena.

El traslado a cárceles comunes solo podrá realizarse cuando el detenido alcance la mayoría de edad y siempre que la pena aún no haya sido cumplida en su totalidad.

Atención médica y control judicial

El proyecto garantiza el acceso a atención médica, psicológica y psiquiátrica a cargo de profesionales especializados en adolescencia. Estas prestaciones deberán brindarse dentro de los establecimientos y, cuando sea necesario realizar traslados externos, se requerirá autorización judicial, salvo en situaciones de urgencia que deberán ser notificadas posteriormente al tribunal interviniente.

De esta manera, se refuerza el rol del Poder Judicial en el control de las condiciones de detención y del tratamiento integral de los menores privados de la libertad.

Educación, capacitación y reinserción social

Otro de los ejes del proyecto es el enfoque educativo de la detención. La privación de la libertad no se concibe únicamente como una sanción, sino como una instancia orientada a la resocialización del adolescente.

El texto reconoce el derecho de los menores detenidos a acceder a educación formal y a programas de capacitación laboral que faciliten su futura inserción social y en el mercado de trabajo. Los institutos deberán ofrecer, en la medida de lo posible, una amplia variedad de cursos y talleres para que cada adolescente pueda elegir según sus intereses y capacidades.

Además, se prevé la promoción de actividades deportivas, culturales, recreativas y religiosas, pensadas como herramientas de inclusión social una vez cumplida la condena.

Informes periódicos y seguimiento de cada caso

Por último, la reforma incorpora un sistema de informes trimestrales obligatorios sobre la situación de cada adolescente detenido. Estas evaluaciones estarán a cargo de los directores de los institutos o de las áreas especializadas dentro de establecimientos penitenciarios y deberán ser elevadas a la autoridad judicial correspondiente.

El seguimiento periódico busca garantizar el control del proceso de detención y evaluar la evolución de cada caso, en el marco de una reforma que promete generar un intenso debate político y social en el Congreso.