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La articulación entre funcionarios públicos, organizaciones ilegales y nuevas regulaciones que restringieron el accionar de la sociedad civil fue uno de los factores que profundizaron el clientelismo, en un nivel que solo es superado por Sudán del Su
Martes 10 de Febrero de 2026
17:21 | Martes 10 de Febrero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Venezuela ha sido señalado por Transparencia Internacional como el tercer país más corrupto del mundo, tras obtener nuevamente 10 de 100 puntos en el más reciente índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2025). El país se ubicó en el puesto 180 de 182 evaluados, solo por encima de Sudán del Sur y Somalia. La organización destaca que este resultado se repite por segundo año consecutivo, lo que evidencia una persistencia en los patrones de corrupción asociados a la captura sistémica del Estado venezolano. Como es lógico, el estudio refleja lo sucedido cuando la gestión gubernamental aún estaba bajo el mando del dictador Nicolás Maduro.
Según el informe, en Venezuela se han consolidado factores como el control de las rentas estatales por parte de la élite política y militar, la formación de redes de corrupción y economías ilícitas, y el uso de empresas estatales para fines partidistas. Además, se advierte sobre el progresivo desmantelamiento de organismos de control, lo que ha facilitado la consolidación de prácticas corruptas a gran escala.
El reporte señala que Venezuela se ha convertido en un nodo criminal trasnacional, donde existe una relación simbiótica entre funcionarios públicos y organizaciones dedicadas a actividades ilícitas como el narcotráfico, la extracción irregular de oro y otros minerales, la trata de personas y la extorsión. En estas operaciones participan tanto actores estatales como privados de distintos sectores vinculados con el régimen chavista que controla el país desde hace más de 25 años.

Hasta 2025, Transparencia Venezuela ha identificado 787 empresas en 36 sectores y 1.087 personas relacionadas con estructuras cleptocráticas, incluyendo 31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con estas redes. El informe también revela que, en procesos judiciales internacionales, se han bloqueado bienes por casi 4.000 millones de dólares, aunque se advierte que esta cifra representa solo una fracción de lo desviado del erario público venezolano.
El documento menciona que las autoridades venezolanas han recurrido al uso de criptomonedas para evadir sanciones internacionales y facilitar actividades ilícitas. Asimismo, Transparencia Venezuela denuncia que, debido a nuevas regulaciones aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de 2025, la organización se vio obligada a cerrar sus operaciones en el país y trabajar desde el exilio.
El informe de Transparencia Internacional advierte que la región latinoamericana continúa enfrentando serias dificultades en la lucha contra la corrupción. En el IPC 2025, la mayoría de los países de América Latina obtuvieron calificaciones por debajo de 50 puntos, situándose en rangos que reflejan altos niveles de percepción de prácticas corruptas en el sector público.
En el ranking regional, Uruguay y Chile permanecen como las naciones mejor posicionadas, al ubicarse entre los países con menor percepción de corrupción en América Latina. Ambos lograron superar el umbral de 70 puntos, aunque sus puntuaciones muestran una tendencia de estancamiento. Por el contrario, naciones como Brasil, México y Argentina registraron puntuaciones inferiores a 40 puntos, reflejando retrocesos o la persistencia de problemas estructurales.
El reporte señala que durante el último año se observaron retrocesos en la protección del espacio cívico y la independencia judicial en países como Guatemala, El Salvador y Perú, lo que ha afectado negativamente su posición en el índice. En particular, en Perú se documentaron interferencias políticas en el trabajo de organizaciones no gubernamentales, dificultando la denuncia de casos de corrupción y el acceso a la información pública.
En contraste, Costa Rica y Colombia muestran leves avances, aunque sus puntuaciones aún reflejan desafíos importantes en materia de transparencia y control institucional. El informe subraya que la región sigue siendo vulnerable ante la influencia de redes criminales, la captura de instituciones y la falta de mecanismos efectivos para sancionar a los responsables de actos de corrupción a gran escala.
En el contexto global, el IPC 2025 revela que las autocracias plenas, como Venezuela y Azerbaiyán, presentan corrupción sistémica en todos los niveles del Estado. El informe resalta que la puntuación venezolana ha descendido siete puntos desde 2016, coincidiendo con la calificación internacional del país como dictadura desde 2018.
El índice también muestra que la corrupción avanza en democracias consolidadas. Países como Estados Unidos (64/100), Reino Unido (70/100), Francia (66/100) y Suecia (80/100) registraron retrocesos en comparación con años anteriores, y solo cinco países alcanzaron una puntuación superior a 80, frente a doce hace una década. Dinamarca (89/100), Finlandia (88/100) y Singapur (84/100) repiten como los países percibidos como menos corruptos.
Transparencia Internacional advierte que el deterioro de las libertades civiles, la interferencia política en las ONG y las restricciones a la prensa complican la denuncia y el combate de la corrupción. El índice, que se elabora a partir de trece fuentes externas y recoge la percepción de expertos y empresarios, recomienda como medidas prioritarias la independencia judicial, el combate a la influencia indebida en la política, el acceso a la justicia para las víctimas, la protección del espacio cívico y el fortalecimiento de la contraloría sobre los servicios públicos, además de castigar los casos de corrupción a gran escala.
La directora ejecutiva de Transparencia Internacional, Maira Martini, subrayó la necesidad de líderes sometidos al control público e instituciones independientes, especialmente en un momento de crisis e inestabilidad global.
América Latina en el índice de Percepción de la Corrupción 2025


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