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En diálogo con Fénix, el abogado analizó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y aseguró que la solución no pasa por endurecer penas, sino por una política de Estado enfocada en la prevención y la resocialización.
Martes 24 de Febrero de 2026
20:57 | Martes 24 de Febrero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fénix, el abogado Jorge Cáceres (M.P. 1408) expresó su postura frente al debate por la baja de la edad de imputabilidad y fue contundente: “Yo no estoy de acuerdo con la baja de la imputabilidad”.
El letrado recordó que en la Argentina la edad fue modificada en el pasado y que ya existió un régimen con imputabilidad desde los 14 años. “Hubo un fracaso en ese sentido. Creo que hay que dar un debate serio antes de avanzar con una reforma de este tipo”, señaló.
Cáceres sostuvo que el país no está en condiciones estructurales ni económicas para implementar una medida de ese alcance. “No se puede juntar menores con mayores. Se necesitarían institutos específicos, con educación, psicólogos, actividades recreativas y tratamiento. No es solo encerrar, es resocializar”, explicó.
En ese sentido, advirtió que agravar penas o bajar la edad no garantiza una solución. “Ya pasó cuando se endurecieron las penas en otros momentos de la historia: el castigo por sí solo no resuelve el problema”, afirmó.
El abogado puso el foco en las adicciones como uno de los factores centrales detrás del incremento de delitos juveniles. “Tenemos un flagelo muy fuerte con las drogas. Si no atacamos eso con políticas de prevención, cualquier reforma va a quedar a mitad de camino”, indicó.
Asimismo, planteó que no se puede analizar la problemática con la misma vara en todo el país. “No es lo mismo lo que sucede en Buenos Aires o Córdoba que en provincias más pequeñas como La Rioja. La realidad social es distinta”, sostuvo.
Cáceres también remarcó que la finalidad de la pena debe ser la reinserción social. “Si mezclamos menores con adultos, lo único que vamos a hacer es fabricar delincuentes”, advirtió.
Finalmente, señaló que el debate debe contemplar los tratados internacionales vigentes y analizar en profundidad los alcances positivos y negativos de una eventual reforma. “Esto requiere una política de Estado seria y sostenida en el tiempo, no una reacción ante hechos mediáticos”, concluyó.
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