La Coalición Cívica impulsa una demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares

09:22 | Sábado 11 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Coalición Cívica impulsa una demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno Nacional. Que fue aprobada definitivamente en la Cámara de Diputados este jueves 9 de abril.

Según defendió el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, la Ley de Glaciares anterior sancionada en 2010 durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner «no era una rareza, ni un exceso». Y afirmó que incluso estaba alineada con las mejores prácticas internacionales.

«La Ley tampoco era un obstáculo para el desarrollo, sino una condición para que ese desarrollo no comprometiera un recurso crítico como el agua. La reforma no viene a resolver una disfunción real del sistema. Lo que hace es remover un límite, una institucionalidad y un conocimiento científico que hasta ahora ordenaba la actividad«, argumentó el diputado en su cuenta de X.

Las consecuencias de reformar la Ley de Glaciares

También planteó que la modificación del Gobierno Nacional remueve límites en un contexto en el que «el agua adquiere un valor cada vez más estratégico». «Por eso, la ley anterior nunca fue una norma contra la minería, sino una herramienta para hacerla compatible con el interés público y el largo plazo. El límite que se borra hoy es el problema que vamos a tener mañana. Esto recién empieza», advirtió.

«Durante años se instaló la idea de que la Ley de Glaciares era un obstáculo para el desarrollo minero. Sin embargo, cuando uno mira la evidencia, esa afirmación se cae. La minería en Argentina no solo no se detuvo bajo el régimen sancionado en 2010, sino que creció de manera sostenida. Entre 2001 y 2009, sin Ley de Glaciares, las exportaciones mineras totalizaron USD 12.000 millones», expuso.

En consonancia con lo anterior, Ferraro remarcó que entre 2015 y 2025, ya con la ley en plena vigencia, las exportaciones mineras alcanzaron USD 45.000 millones. Y hacia adelante, las proyecciones (sin considerar la reforma) hablaban de inversiones por USD 65.700 millones y exportaciones anuales que podrían llegar a USD 30.000 millones.

«No estábamos, entonces, frente a una norma que haya frenado la actividad. La Ley de Glaciares fue un marco que permitió su expansión con reglas claras. Donde se podía hacer minería, se hizo. Donde no, era porque estaba en juego algo más importante: el agua de los argentinos. El problema real nunca pasó por la ley, sino por cuestiones estructurales, como la incertidumbre macroeconómica, presión impositiva, falta de infraestructura, debilidades institucionales. Y, en muchos casos, conflictos de seguridad jurídica», sostuvo.

«No fue un capricho, ni una decisión coyuntural»

Por último, el diputado de la Coalición Cívica planteó que la Ley de Glaciares sancionada en 2010 no fue un capricho ni una decisión coyuntural. Sino una consecuencia directa del diseño constitucional argentino. «El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que corresponde a la Nación fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental».

«Es decir, un piso común para todo el país que las provincias pueden complementar, pero no reducir. El artículo 124 reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, pero ese dominio no es absoluto. Debe ejercerse dentro de ese marco común. Por eso, la protección no puede fragmentarse ni quedar librada a decisiones aisladas. La cuestión, por su propia naturaleza, es federal», señaló.

Por lo que Ferraro sentenció: «En ese marco, se repitieron una y otra vez comparaciones internacionales tomadas a conveniencia, muchas veces incompletas o directamente engañosas. Se instaló la idea de que Argentina estaba ‘atrasada’ y que en otros países se podía hacer lo que acá no. Pero cuando uno mira esos casos en serio, ese argumento no se sostiene».