En diálogo con Fénix, el abogado de Chepes Nicolás Eduardo Mercado se refirió a la investigación por presuntos apremios ilegales en Ulapes y confirmó novedades judiciales en la causa, entre ellas el apartamiento del fiscal interviniente.
19:09 | Martes 23 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fénix, el abogado Nicolás Eduardo Mercado informó que se produjeron cambios en la investigación judicial vinculada a hechos ocurridos en Ulapes y zonas cercanas, que mantienen en alerta a la comunidad.
“La última novedad que tenemos es el apartamiento de la causa del fiscal Carlos López y asume el doctor Julián de la Corina, que es fiscal de Cámara”, señaló.
El letrado advirtió que la situación genera preocupación en la zona. “Esto tiene más gravedad de lo que cree el titular de Asuntos Internos”, sostuvo.
En su exposición, Mercado planteó cuestionamientos al sistema de contravenciones vigente en la provincia. “La provincia de La Rioja sigue aplicando un código de faltas de la dictadura militar”, afirmó.
Además, recordó la existencia de intentos legislativos previos para modificar ese esquema. “Yo fui diputado de la provincia e impulsé la sanción de un nuevo código de faltas”, explicó.
El abogado sostuvo que existen normas vigentes que, según su visión, no se aplican por decisiones políticas. “Esa ley está sancionada por la Cámara de Diputados, es ley de la provincia, y no se aplica por una cuestión presupuestaria y de manejo político”, indicó.
También describió irregularidades en el procedimiento judicial de la causa. “Las copias que se emiten hoy al expediente dicen que se estaban labrando actuaciones por infracción al código de faltas”, señaló.
Según su relato, las personas involucradas habían sido detenidas bajo una figura contravencional. “Estaban detenidas por infracción al artículo 32 del código de faltas”, precisó.
Mercado cuestionó además la jurisdicción del procedimiento y la forma en que se habrían desarrollado los hechos. “La detención se produjo en jurisdicción del departamento Ayacucho, provincia de San Luis”, afirmó.
En ese marco, planteó la posibilidad de apremios ilegales en el procedimiento investigado. “Fueron castigados y torturados porque pretendían que confiesen la supuesta comisión de un hecho delictivo”, denunció.
Finalmente, el abogado remarcó la gravedad institucional del caso y anticipó posibles derivaciones. “Esto tiene más gravedad de lo que cree el titular de Asuntos Internos”, concluyó.
