La defensa de Cristina Kirchner pedirá a la ONU suspender la inhabilitación que le impide ser candidata

13:00 | Miércoles 29 de Julio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia judicial de la ex presidenta, luego de haber agotado todas las instancias de apelación disponibles en la Justicia argentina.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en el NH Hotel de la ciudad de Buenos Aires, este miércoles, donde los abogados Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego presentaron los lineamientos de la ofensiva internacional que buscará revisar el proceso judicial que culminó con la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ahora el caso se revisará en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un órgano con sede en Ginebra integrado por 18 expertos independientes. Sus pronunciamientos no son vinculantes, pero pueden tener impacto político e institucional y suelen ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.

En el anuncio, los tres abogados presentaron los lineamientos de la ofensiva internacional. La defensa recurrió a una comunicación individual ante el organismo encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron.

La condena contra la expresidenta, por la que cumple arresto domiciliario, quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmó por unanimidad la sentencia impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmada en las instancias superiores a ese tribunal.

Ese fallo de la Corte Suprema descartó los cuestionamientos sobre falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de la prueba. Para los tres integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los planteos defensivos no lograban desvirtuar los fundamentos de las decisiones previas.

Durante la conferencia de esta mañana, el abogado Rafael Valim precisó que “hay un pedido cautelar de la suspensión de la inhabilitación perpetua” que enfrenta CFK como parte de su condena, lo que le impide participar de las elecciones. La defensa busca que “se suspenda esta sanción hasta que se tome una decisión de fondo sobre la condena. Esperamos que la revisión de la sentencia sea total”, dijo Valim.

Su par Javier Borrego aseguró que “es posible” que esa cautelar se resuelva en octubre de este año. Las otras dos medidas de este tenor que presentó la defensa apuntan a rever la prisión domiciliaria de la exmandataria y a revisar la composición de la Corte Suprema.

Por qué la defensa recurrirá al sistema de Naciones Unidas

Con la vía interna cerrada, condición necesaria para acudir al sistema de Naciones Unidas, el equipo de la expresidenta resolvió priorizar ese canal por encima de otras alternativas que habían sido evaluadas, entre ellas una eventual presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las reglas del sistema internacional impiden que una misma controversia tramite en simultáneo ante distintos organismos de protección de derechos humanos.

La defensa sostiene que durante la investigación y el juicio se vulneraron garantías fundamentales reconocidas por el tratado internacional. Entre ellas, el derecho al debido proceso, a ser juzgado por un tribunal imparcial y a contar con una defensa adecuada.

 “He encontrado muchísimas violaciones y arbitrariedades. ¿Por qué esa hostilidad a la Dra. Kirchner? ¿Porque es mujer? ¿Por qué ha sido la Dra. Kirchner dos veces presidenta? Y una cosa curiosa: en la judicatura y en la fiscalía argentina hay mayoría de mujeres; Cristina Fernández de Kirchner ha conocido cuatro instancias, y no ha coincidido con ninguna mujer fiscal ni juez”, reflexionó el abogado español Javier Borrego.

Ese será el núcleo del reclamo: Cristina Kirchner no buscará en Naciones Unidas una nueva apelación sobre el contenido del fallo, sino un pronunciamiento sobre la compatibilidad del proceso con los estándares internacionales de derechos humanos. Incluso una resolución favorable no suspenderá la condena ni implicará una revisión inmediata de la sentencia firme.

En el entorno de la exmandataria reconocen que el trámite probablemente demandará años. Aun así, consideran que una eventual opinión favorable podría fortalecer su posición en el plano político y en futuras discusiones judiciales.

La incorporación de Valim y Borrego fue presentada como una pieza de esta nueva etapa. Valim participó en la estrategia impulsada por Lula ante el mismo Comité de Derechos Humanos durante el proceso derivado de la operación Lava Jato, mientras que Borrego fue juez del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La referencia al caso brasileño no es casual. En el expediente de Lula, el Comité concluyó que se habían vulnerado distintos derechos durante el proceso encabezado por el entonces juez Sergio Moro, aunque ese pronunciamiento llegó después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil ya hubiera anulado las condenas. Para la defensa de la expresidenta argentina, ese antecedente aporta un marco de legitimidad internacional para cuestionar la actuación judicial local.

Los ejes con los que Cristina buscará impugnar el proceso

Uno de los principales argumentos de la futura presentación será la legalidad del proceso seguido en la causa Vialidad. En ese expediente se investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Durante el juicio, las defensas de los acusados cuestionaron que la pericia técnica ordenada por el tribunal abarcara solo cinco de las 51 obras públicas incluidas en la acusación. A partir de ese dato, sostuvieron que no era posible proyectar al conjunto de los contratos investigados conclusiones extraídas de esa muestra acotada.

Otro de los planteos apuntó a la imparcialidad de los peritos oficiales. La defensa pidió su recusación al considerar que habían manifestado opiniones previas sobre el caso y que esa circunstancia comprometía la objetividad exigible en la producción de la prueba pericial.

También se objetó el modo en que se administraron los fondos públicos destinados a las obras. Según la posición defensiva, los proyectos fueron ejecutados por la provincia y tanto los presupuestos nacionales como las rendiciones de cuentas provinciales habían sido aprobados por los organismos competentes sin observaciones sobre el destino de los recursos.

La estrategia internacional incluirá además críticas por la incorporación de mensajes extraídos del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas José López, obtenidos en otra investigación judicial. Los abogados argumentaron que ese material fue introducido en una etapa avanzada del juicio y que eso impidió ejercer plenamente el derecho de defensa mediante interrogatorios o la producción de nuevas pruebas vinculadas con esa evidencia.

La imputación por asociación ilícita también formará parte del reclamo. La defensa sostuvo que las decisiones sobre política de infraestructura respondían a actos de gobierno adoptados dentro del funcionamiento institucional previsto por la Constitución y aprobados mediante leyes sancionadas por el Congreso Nacional, por lo que rechazó que esos actos pudieran ser interpretados como parte de una organización criminal.

Otro de los cuestionamientos remite al principio de cosa juzgada. Según el planteo defensivo, algunas de las obras investigadas ya habían sido objeto de actuaciones previas en la justicia provincial que concluyeron sin responsabilidades penales, de modo que el nuevo juzgamiento habría reabierto hechos ya revisados.

Todos esos puntos serán incluidos en el escrito que llegará a Naciones Unidas. La defensa buscará demostrar que el proceso judicial incumplió estándares internacionales de protección de derechos fundamentales.

La ofensiva judicial fue acompañada por una columna en medios europeos

El mismo día en que sus abogados anunciaron la denuncia internacional, Cristina Kirchner difundió una columna en medios de Europa en la que cuestionó la condena, sostuvo su inocencia y anticipó la presentación ante el Comité. El texto apareció en forma simultánea en El País de España y Libération, diario de Francia.

Según la expresidenta, se trata de someter “al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” la actuación de quienes llevaron adelante el proceso en su contra.

En esa columna abrió con una advertencia sobre el papel del poder judicial en las democracias: “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”.

A partir de esa premisa, definió su inhabilitación de por vida como una forma de proscripción. También sostuvo que ese mecanismo constituye “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”.

Kirchner afirmó que no hacen falta “tanques en las calles” ni la clausura del Congreso para alterar el sistema democrático. Según escribió en la publicación, las instituciones pueden seguir funcionando de manera formal mientras las decisiones judiciales pasan a determinar quién puede competir políticamente.

En otro pasaje, sostuvo que el proceso estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal”. También denunció “un ambiente de hostilidad” que, a su juicio, expresa el machismo estructural presente en sectores de la justicia argentina.

La exmandataria amplió allí el alcance político de su denuncia y la vinculó con su trayectoria institucional. “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos”, escribió.

La carta también incluyó una referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022. Kirchner describió ese episodio como un hecho que puso en riesgo su vida y que mostró hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática.

El cierre del texto publicado en El País y Libération, diario francés retomó el eje jurídico que guiará la presentación ante Naciones Unidas. “No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”.

La simultaneidad entre la conferencia de prensa de sus abogados y la difusión de la columna dejó expuesta una estrategia de doble frente. Por un lado, la defensa formalizará una denuncia internacional sobre presuntas violaciones de derechos; por otro, la expresidenta buscó instalar ese reclamo en la discusión pública fuera de la Argentina mediante dos diarios de referencia en Europa.