La fiscal Analía Cespede brindó detalles sobre la investigación que se inició a partir de la desaparición de una menor y que derivó en una causa por abuso sexual y grooming.
20:02 | Miércoles 26 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La fiscal de Córdoba, Analía Cespede, explicó en diálogo con Fenix el avance de la investigación que mantiene a 15 personas detenidas, acusadas por delitos de abuso sexual y grooming. La causa comenzó el 1 de julio, luego de que se denunciara la desaparición de una menor que no regresaba a su domicilio. Al activar el protocolo de búsqueda, se detectó que la última conexión de su teléfono había sido registrada en Sumampa, provincia de Santiago del Estero.
Según relató la fiscal, el operativo permitió localizar a la menor junto a otra adolescente de su misma edad, quienes habían salido de un domicilio particular. Debido a que el lugar se encontraba fuera de la jurisdicción cordobesa, las autoridades no pudieron ingresar al inmueble, aunque sí pudieron abordar la situación desde el área de protección de mujeres y niños. A partir de allí, la investigación permitió ampliar el expediente y detectar a otras posibles víctimas.
Cespede precisó que actualmente hay 15 personas detenidas y cuatro menores que serían víctimas de los hechos investigados. Además, aclaró que uno de los detenidos figuraba públicamente como asesor legislativo de un legislador del departamento Río Seco, aunque sostuvo que fue desvinculado de esa función y que, según la información reunida, desempeñaba tareas rurales y domésticas para el dirigente.
La fiscal también descartó, por el momento, que exista una organización dedicada a la explotación sexual de menores. “Él es uno más de los 15 detenidos”, aclaró respecto del hombre que tuvo vinculación con la Legislatura, y explicó que si se acreditara la existencia de una organización destinada a captar y explotar sexualmente a menores, la investigación debería pasar al ámbito de la Justicia Federal.
En cuanto a la posibilidad de que existan presiones políticas, Cespede aseguró que su actuación se encuentra respaldada por las pruebas incorporadas al expediente. Señaló que, más allá del cargo o función que pueda haber ocupado una persona, lo determinante para avanzar es la existencia de elementos que permitan acreditar la comisión de un delito, especialmente cuando se trata de menores y de delitos contra la integridad sexual.
Finalmente, la fiscal recordó que existen líneas de asistencia y denuncia anónima, entre ellas el 141, vinculado a situaciones de grooming y violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y el 144, destinado a situaciones de violencia de género. También remarcó la importancia de recurrir a estos canales cuando una persona no se anima a realizar una denuncia personalmente.
