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El fiscal federal Patricio Sabadini presentó la acusación formal en el marco de la causa que investiga a ocho miembros de la Policía de la Provincia del Chaco por la sustracción de 9,490 kilogramos de cocaína.
Miércoles 02 de Septiembre de 2026
11:04 | Miércoles 02 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La sustancia, valuada en más de 142.000 dólares, iba a ser quemada en un procedimiento oficial realizado en el Polígono de Tiro de Colonia Benítez.
Según la investigación fiscal, los imputados actuaron de manera coordinada aprovechando sus cargos dentro de la fuerza de seguridad, contemplando la extracción física de la droga, el uso de réplicas de yeso para simular el peso real y la posterior colocación del estupefaciente robado en el mercado ilícito.
El hecho se ejecutó el 18 de diciembre de 2025 y la sustracción fue detectada por el Secretario Penal del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, quien fiscalizaba la incineración de los secuestros judiciales.
Durante el traslado del penúltimo cargamento, el funcionario advirtió movimientos sospechosos del cabo primero Gustavo Andrés Quizama al llevar las cajas hacia la camioneta oficial conducida por el subcomisario Franco Andrés Ramírez. Ante la sospecha, el secretario solicitó detener la marcha y repetir el pesaje, pero el vehículo avanzó unos metros antes de frenar.
Al pesar nuevamente la caja de telgopor, arrojó un faltante superior a un kilogramo. La requisa inmediata sobre la camioneta permitió descubrir, ocultos debajo de los asientos y en mochilas de los efectivos, un total de nueve paquetes rectangulares de cocaína robados de distintas causas judiciales.

ACUSADOS
Según la acusación, el comisario Rubén Héctor César Alegre, como jefe de la División Operaciones Metropolitana, es señalado como el cerebro de la organización por alterar el orden del procedimiento para postergar el pesaje de la cocaína e instruir a sus subordinados.
El subcomisario Franco Andrés Ramírez actuó como coautor al conducir la camioneta y desobedecer la orden de detenerse, mientras que el cabo primero Gustavo Andrés Quizama fue el ejecutor material del robo en el predio.
Por su parte, el cabo Néstor Ariel Urne Canteros se encargó de fabricar réplicas de cocaína con ladrillos de yeso para engañar el control de balanza, y el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez transportaba droga en su mochila mientras coordinaba un comprador en el mercado negro.
El sargento Gustavo Jesús Acosta brindó custodia al vehículo oficial, el cabo Gastón Ezequiel Villalba aportó apoyo logístico externo sugiriendo insumos para armar los falsos panes de yeso, y el cabo primero Francisco Lucas Leonel García fue asignado a la comercialización ilegal del cargamento.
En virtud de la calificación legal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada en concurso real con peculado, Sabadini formalizó los pedidos de pena para cada uno de los acusados. Se solicitó la pena máxima de 15 años de prisión para el comisario Rubén Héctor César Alegre.
Asimismo, la fiscalía requirió 12 años de prisión para el subcomisario Franco Andrés Ramírez y 11 años de prisión para los cabos Gustavo Andrés Quizama, Néstor Ariel Urne Canteros y Juan Nicolás Almirón Núñez. Finalmente, se solicitaron 8 años de prisión para el sargento Gustavo Jesús Acosta, el cabo Gastón Ezequiel Villalba y el cabo primero Francisco Lucas Leonel García.
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