La mujer sufrió un ataque con ácido y quedó con graves secuelas físicas y emocionales. Diego Sánchez, de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, explicó el caso y destacó la evolución de la legislación colombiana.
19:15 | Jueves 03 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Una mujer de Bogotá que sufrió un ataque con ácido hace 27 años obtuvo la aprobación de su entidad de salud para acceder a la eutanasia. El caso volvió a poner en el centro del debate el derecho a morir dignamente y los alcances que tiene actualmente la legislación colombiana. Medios colombianos identificaron a la mujer como María Consuelo Córdoba y señalaron que el ataque ocurrió hace más de dos décadas.
En diálogo con Fenix, Diego Sánchez, psicólogo y coordinador de acompañamiento de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD Colombia), explicó que la mujer sufrió secuelas permanentes que afectaron distintos aspectos de su vida. Además de las consecuencias físicas, atravesó un fuerte impacto emocional y psicológico y dificultades socioeconómicas que, según el especialista, contribuyeron a su decisión de solicitar la eutanasia.
Sánchez explicó que en Colombia la eutanasia fue despenalizada por la Corte Constitucional en 1997 y que posteriormente se avanzó en su reglamentación dentro del sistema de salud. El marco jurídico fue ampliándose progresivamente y en 2021 la Corte Constitucional eliminó la exigencia de que la persona tuviera necesariamente una enfermedad terminal, extendiendo el derecho a casos de enfermedades o lesiones graves e incurables que provoquen un sufrimiento intenso.
El especialista remarcó que esta ampliación resulta fundamental para comprender el caso de la mujer atacada con ácido, ya que su solicitud no se origina en una enfermedad de base, sino en las secuelas de una lesión grave e incurable. Según explicó, situaciones como desfiguraciones provocadas por quemaduras, amputaciones graves o cuadriplejias pueden quedar comprendidas dentro de las condiciones contempladas por la jurisprudencia colombiana, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.
Sánchez también se refirió a la reacción de la sociedad colombiana y consideró que existe una mayor apertura hacia la eutanasia, aunque todavía persisten resistencias, principalmente vinculadas con cuestiones religiosas e ideológicas. Advirtió que incluso determinadas expresiones realizadas con buenas intenciones pueden transformarse en una presión para quienes toman la decisión, como cuando se les pide que esperen un milagro o que confíen exclusivamente en una solución religiosa.
Otro de los obstáculos que señaló es el desconocimiento. Según explicó, muchas personas que se acercan a la Fundación DMD Colombia se sorprenden al conocer que la eutanasia es legal en el país desde hace décadas. A diferencia de otros debates vinculados con derechos reproductivos o sanitarios, consideró que la eutanasia suele permanecer como una cuestión más privada y con menor presencia en la discusión pública.
Para Sánchez, este caso puede contribuir a generar mayor conocimiento sobre el derecho a morir dignamente y abrir nuevamente el debate sobre las situaciones que permiten acceder a la eutanasia. Consideró especialmente importante que la sociedad conozca que el derecho no se limita exclusivamente a personas con cáncer u otras enfermedades terminales, sino que también contempla determinadas condiciones graves e incurables.
Finalmente, el psicólogo sostuvo que el caso puede servir para informar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento extremo y para que conozcan los derechos que contempla la legislación colombiana. En ese sentido, destacó la importancia de que el debate se aborde desde la información, la empatía y el respeto por las decisiones de las personas.
