El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, aseguró que la Provincia viene trabajando contra maniobras de préstamos informales, intereses abusivos y extorsiones.
16:16 | Viernes 04 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fenix, el ministro Miguel Zárate se refirió a la lucha contra la usura en La Rioja y confirmó que, desde que el Gobierno provincial puso el foco en esta problemática, se realizaron alrededor de diez intervenciones tanto en Capital como en el interior. Según explicó, algunas personas fueron demoradas o detenidas y posteriormente recuperaron la libertad, mientras continúan las investigaciones.
Zárate sostuvo que existen denuncias sobre personas que realizan préstamos informales aprovechándose de la necesidad económica de los ciudadanos, imponiendo intereses abusivos y, en algunos casos, utilizando mecanismos intimidatorios o extorsivos. También mencionó situaciones en las que se retendría documentación de vehículos o bienes y se harían firmar pagarés que luego son utilizados en procesos judiciales.
El funcionario pidió una mayor intervención de fiscales y jueces para investigar cada una de las denuncias. “No se pueden archivar”, remarcó al advertir que cada vez reciben más presentaciones, tanto en la Capital como en distintos puntos del interior provincial.
Además, confirmó que en uno de los allanamientos realizados se secuestraron 170 millones de pesos y unas 100 tarjetas de débito. Según indicó, la investigación se inició a partir de la denuncia de una víctima, pero el hallazgo de esa cantidad de tarjetas podría ampliar el número de personas presuntamente afectadas por estas maniobras.
Consultado sobre la participación de ciudadanos extranjeros, Zárate confirmó que hubo un ciudadano colombiano detenido semanas atrás, quien posteriormente recuperó la libertad, y que existe otro denunciado ante la Fiscalía. Aclaró que, de comprobarse judicialmente la comisión de delitos, podrían iniciarse los trámites correspondientes ante Migraciones para evaluar una eventual deportación, aunque remarcó que se trata de un procedimiento que no depende exclusivamente de la Provincia.
Finalmente, explicó que el dinero secuestrado queda a disposición de la Justicia y será el juez de la causa quien determine su destino. En ese sentido, insistió en la necesidad de brindar respuestas rápidas y sostuvo que una resolución tardía “cada vez es menos justicia”.
