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La defensa de la expresidenta presentó nuevas pruebas ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y pidió suspender la pena de inhabilitación perpetua impuesta en la causa Vialidad.
Martes 29 de Septiembre de 2026
18:04 | Martes 29 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La defensa de Cristina Kirchner presentó este martes ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un escrito para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad y pedir la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El planteo incluye nuevas pruebas que los abogados de la expresidenta habían anunciado semanas atrás.
El equipo jurídico, integrado por Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales. Por ese motivo, llevó el caso ante el organismo internacional y busca que sus argumentos sean analizados durante la próxima sesión, prevista para octubre.
La presentación se produce después de que la condena quedara firme tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso extraordinario presentado por la defensa. El máximo tribunal confirmó por unanimidad la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 2, que estableció una pena de seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
El abogado brasileño Rafael Valim confirmó a Reuters que el equipo trabaja para que el caso sea analizado durante la próxima sesión del Comité de Derechos Humanos, prevista para octubre: "Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité".
Según explicó, una eventual decisión del organismo permitiría que, todavía durante este año, el Poder Judicial argentino tenga que analizar ese pronunciamiento. Valim también participó anteriormente del equipo que impulsó la revisión del caso de Luiz Inácio Lula da Silva ante el mismo organismo internacional.
El Comité de Derechos Humanos tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes. Su función es supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. Sus pronunciamientos no son vinculantes, aunque pueden tener impacto político e institucional y ser utilizados como antecedentes en posteriores discusiones jurídicas.
En relación con el caso de Cristina Kirchner, Valim manifestó su confianza en que el organismo reconocerá las violaciones de derechos denunciadas por la defensa: “Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo".
Uno de los principales elementos incorporados por los abogados es un informe técnico elaborado por la consultora Specs, presentado por Beraldi durante una conferencia de prensa realizada en septiembre. Según las conclusiones expuestas por la defensa, el Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez, recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados al fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad. Ese fideicomiso había sido creado mediante el decreto 54/2009, firmado por Cristina Kirchner cuando era presidenta.
Los abogados sostienen que el principal destinatario de esos fondos fue IECSA S.A., empresa vinculada al empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri: "Encontramos que a Báez se le asignó menos del 1%. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso".
El abogado explicó que el Tribunal Oral Federal había centrado la condena en esos fondos y sostuvo que el decreto había sido emitido de manera irregular y con el objetivo de financiar las obras asignadas a Báez.
Las nuevas pruebas serán presentadas no solamente ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sino también ante la Cámara Federal de Casación Penal mediante un recurso de revisión. Beraldi aseguró que la defensa puede solicitar la suspensión de la sentencia a partir de la presentación de ese recurso.
El objetivo final planteado por el abogado es que la condena sea dejada sin efecto y que Cristina Kirchner pueda recuperar su libertad y retomar su actividad política: "Que esta condena caiga, que Cristina recupere la libertad y que reanude su actividad política”.
Un magistrado de los tribunales federales de Comodoro Py que intervino en la causa cuestionó el planteo de la defensa en declaraciones a Infobae. Según el juez, la cuestión planteada por los abogados no es novedosa y ya fue “tratada y rechazada varias veces”.
Además, señaló una diferencia entre el informe presentado por la defensa y el objeto que, según su interpretación, fue discutido durante el juicio. El magistrado sostuvo que el informe utiliza datos correspondientes al ámbito nacional, mientras que el proceso judicial estuvo centrado exclusivamente en la corrupción vinculada con la obra pública de Santa Cruz. En ese sentido, afirmó que Báez concentró “cerca del 85% de las obras” analizadas durante el juicio.
La presentación internacional de la defensa se produce mientras dentro del peronismo vuelve a discutirse el eventual futuro electoral de Cristina Kirchner. El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, afirmó este lunes que su madre tiene “la voluntad” de presentarse en las próximas elecciones: "Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas que entienden que ella puede ser nuevamente”.
Máximo Kirchner también afirmó que Cristina Kirchner conserva un peso central dentro del espacio y planteó: “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”.
Además, recordó que la expresidenta es, junto con Juan Domingo Perón, una de las dos figuras de la historia argentina que integraron tres fórmulas presidenciales y resultaron electas en todas ellas: "Si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK”.
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